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Julieta Calmels: “La Ley Nacional de Salud Mental es plenamente viable cuando existe una decisión política sostenida para llevarla adelante”

Julieta Calmels: “La Ley Nacional de Salud Mental es plenamente viable cuando existe una decisión política sostenida para llevarla adelante”

Desde 2020, la salud mental se convirtió en uno de los territorios más disputados de la política pública bonaerense. Julieta Calmels está al frente de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires desde ese mismo año. Desde allí impulsa un modelo de salud mental comunitaria, con enfoque de derechos humanos, en un escenario atravesado por tensiones, urgencias y disputas de sentido. En esta entrevista -- que forma parte del dossier de 4Palabras sobre el tema de salud mental-- Calmels reflexiona sobre los avances alcanzados, los obstáculos estructurales y los desafíos que siguen abiertos en el campo de la salud mental pública.

Pablo Castillo

Cuando se habla de la “reforma bonaerense de salud mental» ¿a qué se refieren concretamente y cuáles son los ejes que estructuran ese proceso?

Hablamos de un proceso que avanza en dos direcciones que no pueden pensarse por separado. Por un lado, un cambio profundo en el modo de entender y de abordar la salud mental: en los dispositivos de cuidado, en las prácticas cotidianas y en la centralidad de una perspectiva comunitaria y de derechos. Por otro, la decisión de ampliar efectivamente el sistema de salud para que esa transformación no quede en el plano discursivo. Sin recursos, sin presencia territorial y sin capacidad estatal para responder a demandas largamente postergadas, no hay reforma posible.

¿Por qué la salud mental adquirió en los últimos años un lugar central en la agenda sanitaria y política de la Provincia de Buenos Aires y qué cambios explican esa centralidad en relación con períodos anteriores?

La salud mental ocupa hoy en la Provincia de Buenos Aires un lugar de centralidad que no tuvo en otros momentos de su historia. Desde 2019 tomamos la decisión de otorgarle a este campo un carácter prioritario, en un contexto marcado por un aumento sostenido de las necesidades de cuidado, que se profundizó y fue cambiando de forma a lo largo de la pandemia. Sin embargo, ese crecimiento de la demanda no puede explicarse únicamente por la pandemia. Responde también a transformaciones previas y más estructurales: el impacto de las nuevas tecnologías, los cambios en las formas de crianza y en los modos de vinculación social, que vienen modificando las maneras de padecer y las demandas que se dirigen al sistema de salud.

Esta situación no involucra solo al Ministerio de Salud, sino al conjunto del gobierno provincial. La salud mental atraviesa distintas áreas del Estado y requiere respuestas integrales. De hecho, cerca de un tercio de la inversión en salud mental proviene de otros ministerios, lo que expresa una decisión política de abordaje transversal. En ese marco, se incrementó la inversión, se fortaleció el recurso humano y se retomó la obra pública en salud mental, algo que durante muchos años no había sido una prioridad en la agenda sanitaria.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para avanzar hacia una red comunitaria que supere el modelo hospitalocéntrico?

El principal obstáculo ha sido la fragmentación estructural del sistema de salud. No solo entre los distintos subsectores, sino también al interior del propio sistema público. Durante años convivieron múltiples dispositivos y niveles de gestión sin una articulación efectiva. Desarmar esa lógica fragmentaria es uno de los núcleos más difíciles -y a la vez más decisivos- de la reforma.

En la Provincia de Buenos Aires ese escenario adopta una complejidad particular. Convivimos con un sistema provincial que incluye más de cien hospitales, alrededor de doscientos veinte dispositivos de salud mental y cuatro hospitales neuropsiquiátricos en proceso de reforma, junto con equipos móviles, líneas de atención telefónica y otros modos de cuidado. A esto se suman los ciento treinta y cinco sistemas de salud y de salud mental que dependen de los municipios, con niveles muy dispares de desarrollo, recursos y organización.

Además, intervienen políticas y financiamientos de alcance nacional, como los programas de la SEDRONAR, que sostienen de manera heterogénea a organizaciones sociales, comunitarias y eclesiásticas. Articular estos niveles, actores y modalidades de intervención en una red integrada constituye uno de los desafíos estructurales de la Reforma.

La salud mental ocupa hoy en la Provincia de Buenos Aires un lugar de centralidad que no tuvo en otros momentos de su historia. Desde 2019 tomamos la decisión de otorgarle a este campo un carácter prioritario, ante un crecimiento de la demanda que no puede explicarse únicamente por la pandemia. Responde también a transformaciones previas y más estructurales: el impacto de las nuevas tecnologías, los cambios en las formas de crianza y en los modos de vinculación social, que vienen modificando las maneras de padecer y las demandas que se dirigen al sistema de salud.

En el desarrollo de la red comunitaria de salud mental, ¿cuáles fueron las expresiones más concretas de esa fragmentación y qué problemas dejó instalados en el territorio?

En el caso de la red comunitaria, la fragmentación se expresó de manera muy concreta en el debilitamiento sostenido de los dispositivos de base territorial. Los Centros Provinciales de Atención (CPA), que deberían haber cumplido un rol estratégico en la continuidad de los cuidados, estaban en muchos casos desvinculados de los hospitales generales y del primer nivel de atención, lo que interrumpía los recorridos asistenciales y dificultaba abordajes integrales. Esa desvinculación no fue solo organizativa. Se combinó con una fuerte precariedad en términos de recursos humanos, una ausencia de estrategias sistemáticas de formación y una conducción sanitaria débil o inexistente. Como resultado, la red comunitaria -que es clave para superar el modelo hospitalocéntrico- quedó relegada y funcionando de manera fragmentada, a pesar de su centralidad en el nuevo paradigma de atención.

Este fue uno de los problemas más serios con los que nos encontramos al inicio de la gestión y, paradójicamente, uno de los menos discutidos en los procesos históricos de reforma en salud mental en la Argentina. Reconstruir esa red, fortalecer su inserción territorial, articularla con los distintos niveles de atención y dotarla de recursos y conducción no fue solo una tarea pendiente, sino que sigue siendo una condición indispensable para avanzar en una transformación efectiva y sostenible del modelo de salud mental.

¿Qué herramientas concretas están utilizando para integrar la salud mental al sistema general de salud y cómo funcionan los Consejos Regionales de Salud en esa estrategia?

La integración de la salud mental al sistema general de salud requiere crear espacios reales de decisión compartida y no abordajes paralelos. En ese sentido, una herramienta clave son los Consejos Regionales de Salud (CORESA) en cada Región Sanitaria, que permiten construir criterios comunes entre municipios a partir de los problemas concretos del territorio. Estos espacios reúnen a las y los secretarios de Salud y habilitan una planificación regional que trasciende las respuestas aisladas. Durante el último año, además, impulsamos dentro de los CORESA instancias específicas de trabajo en salud mental, orientadas a ordenar cómo debe organizarse la respuesta en cada municipio, desde las políticas para infancias y adolescencias hasta el abordaje de las emergencias.

Reconstruir la red comunitaria, fortalecer su inserción territorial, articularla con los distintos niveles de atención y dotarla de recursos y conducción no fue solo una tarea pendiente, sino que sigue siendo una condición indispensable para avanzar en una transformación efectiva y sostenible del modelo de salud mental.

¿Qué demuestra la experiencia de la Provincia de Buenos Aires sobre la viabilidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental y cuáles son los límites de sostener modelos hospitalocéntricos y tutelares en el contexto actual?

La experiencia de la Provincia de Buenos Aires demuestra de manera clara que la Ley Nacional de Salud Mental es plenamente viable cuando existe una decisión política sostenida para llevarla adelante. Esto se expresa en los procesos de reforma de los hospitales neuropsiquiátricos, en el fortalecimiento de la internación en hospitales generales y en la creación de dispositivos comunitarios que cumplen un rol central dentro de la red de apoyos para las externaciones y la continuidad de los cuidados. Persistir en modelos tutelares y hospitalocéntricos conduce, en cambio, a un fracaso previsible. Por un lado, porque ese esquema resulta incapaz de dar respuesta al volumen creciente de población que hoy requiere atención en salud mental. Por otro, porque los cuidados actuales exigen abordajes interdisciplinarios e intersectoriales que el modelo tradicional, centrado en el encierro y la lógica médico-hegemónica, no está en condiciones de sostener.

¿Qué tensiones específicas presenta hoy el abordaje de las emergencias en salud mental y por qué su resolución no puede pensarse solo en términos de la Ley Nacional de Salud Mental?

El abordaje de las emergencias en salud mental concentra algunas de las tensiones más críticas del sistema sanitario. Se trata de situaciones que irrumpen en la vía pública o en los domicilios y que exigen respuestas inmediatas, articuladas y cuidadosas, en contextos donde el margen de error es mínimo y el sufrimiento de las personas y de sus familias es muy alto. Para fortalecer estas respuestas es indispensable ampliar y consolidar dispositivos específicos: más equipos móviles en territorio, líneas de atención especializadas y procesos sostenidos de capacitación. En ese marco, venimos desarrollando instancias de formación permanente con las fuerzas de seguridad, que ya alcanzan a cerca de la mitad de los municipios de la provincia, con el objetivo de mejorar la intervención y reducir prácticas inadecuadas.

Con frecuencia, las dificultades en este campo se adjudican de manera simplificada a la Ley Nacional de Salud Mental. Sin embargo, lo que allí se expresa son límites más amplios del sistema de salud: déficits de infraestructura, de recursos humanos y de articulación intersectorial. Las emergencias ponen en evidencia que no alcanza con un marco normativo adecuado si no existe un sistema sanitario con capacidad real de respuesta.

2025 Más de 52.000 internaciones en salud mental en el sistema público bonaerense (PROVINCIA + MUNICIPIOS). Con un aumento del 14,5 % en un solo año.

¿De qué manera el sistema de salud aborda hoy los consumos problemáticos y qué condiciones sociales inciden en el agravamiento de estos padecimientos más allá de la sustancia o la práctica de consumo?

Los consumos problemáticos no constituyen un circuito separado dentro del sistema de salud, sino que atraviesan todos los dispositivos de atención. Las personas no llegan con un diagnóstico cerrado ni con una única demanda, sino con situaciones complejas en las que se entrelazan el consumo, el sufrimiento psíquico y condiciones sociales de vulnerabilidad, lo que obliga a pensar respuestas que no sean fragmentadas. En este contexto, observamos el agravamiento de algunos cuadros, no tanto por el consumo en sí mismo, sino por la ausencia de redes de apoyo y de condiciones de inclusión social. Cuando una persona inicia un proceso de atención o de recuperación y luego no logra sostener un trabajo, acceder a una vivienda o contar con un entramado comunitario que la acompañe, esos procesos tienden a interrumpirse o a volverse más frágiles.

A su vez, resulta imprescindible atender el aumento del consumo de psicofármacos, que se inscribe en un escenario más amplio de crecimiento de los consumos y de respuestas medicalizantes frente al malestar. Este panorama refuerza la necesidad de abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, que reconozcan que los procesos de cuidado y recuperación no dependen exclusivamente del sistema sanitario, sino de condiciones sociales que los hacen posibles o los obturan.

Por último, ¿Cómo están pensando y abordando los consumos digitales, en particular entre niños, niñas y jóvenes, y por qué consideran que estos fenómenos no pueden reducirse a una mirada punitiva como la de la ludopatía?

En ese marco, los consumos digitales aparecen hoy como una de las prácticas más extendidas en la población y atraviesan a todos los grupos etarios. En el caso de niños, niñas y jóvenes, adquieren formas específicas que requieren una atención particular. Los datos disponibles dan cuenta de la magnitud del fenómeno y obligan a pensar estos consumos no de manera aislada, sino en relación con los modos contemporáneos de vinculación, de juego y de construcción de sentido mediados por las tecnologías.

Aquello que suele nombrarse como ludopatía digital no puede abordarse desde una lógica punitiva ni simplificadora. Se trata de vínculos con lo digital que se construyen desde edades tempranas y que exigen políticas públicas orientadas a la prevención, la escucha y el acompañamiento. En ese sentido, desarrollamos el programa La salud mental es entre todos y todas, que propone espacios de diálogo con estudiantes de escuelas secundarias en todo el territorio provincial y que ya alcanzó a más de medio millón de jóvenes. Apostamos a generar condiciones para que las juventudes puedan poner en palabras sus malestares, interrogantes y experiencias.

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