Aunque el acuerdo entre la Unión Europea y los estados que integran el MERCOSUR fue firmado durante la última semana en Asunción, Paraguay, el Parlamento Europeo decidió enviarlo a su Tribunal de Justicia para que sea sometido a revisión. Así, se retrasaría su puesta en marcha. Un informe exclusivo del expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez para 4Palabras, señala que un acuerdo interino permite que la parte económica entre en vigor de forma provisional a medida que cada país del MERCOSUR lo ratifique, sin esperar la aprobación de los 27 parlamentos europeos. Además, advierte la oportunidad para los servicios basados en el conocimiento (software, profesionales), el reconocimiento de 105 denominaciones de origen argentinas y señala que la apertura de licitaciones estatales podría generar una mayor ventaja para empresas europeas. Por otra parte, considera que “existen argumentos técnicos sólidos para cuestionar el acuerdo desde una perspectiva económica”: beneficia ampliamente al sector agroindustrial y de servicios, mientras presiona a la industria manufacturera. Por último, destaca que uno de los puntos más sensibles para la economía nacional es el compromiso de eliminar o limitar las retenciones, lo que obligará al Estado a replantear sus formas de financiamiento.

A continuación el texto completo del informe.

Acuerdo MERCOSUR-UE

En términos formales, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR fue firmado el 17 de enero de 2026 tras más de 25 años de negociaciones, pero aún no ha sido plenamente aprobado ni ratificado por las instituciones competentes de ambas partes. El tratado, considerado uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, requiere la aprobación definitiva del Parlamento Europeo y de los órganos legislativos de los Estados del MERCOSUR para entrar en vigor.

Dicho proceso formal será arduo, como muestra la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su examen jurídico, lo que no implica que no cause efectos inmediatos. La Comisión Europea mantiene la opción de aplicar provisionalmente la “parte económica” del acuerdo hasta tanto se completen los procesos de aprobación formales como se explicará más adelante. Es decir, el acuerdo, en su parte comercial, irá entrando en vigor provisionalmente en forma bilateral a medida que vaya siendo ratificado por cada uno de los Estados del MERCOSUR.

Cuestiones arancelarias

Como ocurre con toda política pública, el acuerdo genera sectores ganadores y sectores perdedores que dependerán de los intereses que se persigan. En materia de comercio exterior pueden identificarse dos tipos de intereses: los ofensivos y los defensivos. Los intereses ofensivos son aquellos en los que se espera obtener beneficios. En el caso de la Argentina y del MERCOSUR en general, estos intereses se concentran en los capítulos 1 a 24 del nomenclador arancelario correspondientes a bienes agrícolas y agroindustriales.

Los intereses defensivos, en cambio, son aquellos respecto de los cuales se busca protección, ya sea mediante exclusiones del régimen de libre comercio o a través de cronogramas de desgravación largos (denominados “canastas”). En estos casos, la eliminación de aranceles es gradual: por ejemplo, una canasta de 15 años implica que el arancel se reduce progresivamente hasta alcanzar el 0% al cabo de ese período, otorgando tiempo al sector productivo involucrado para adaptarse a la competencia externa.

En este acuerdo en particular, la Unión Europea eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del MERCOSUR y otorgará acceso preferencial a otro 7,5% mediante cuotas arancelarias, es decir, una cantidad determinada de los productos sujetos a cuotas ingresará con arancel cero, mientras que el excedente continúa tributando el arancel correspondiente. Las exclusiones de la UE —los productos que mantendrán aranceles dado que están “fuera del acuerdo”— representan aproximadamente el 1%. Debe señalarse en este punto que, aunque las cuotas son las mayores otorgadas por la UE a cualquier otro socio comercial, siguen siendo un porcentaje muy menor de su consumo, debiendo considerar además que esas cuotas son otorgadas al “MERCOSUR en general” y no a un país en particular.

En materia de bienes industriales, la Unión Europea liberaliza el 100% de los productos, lo que implica que la totalidad de los bienes industriales del MERCOSUR ingresarán sin aranceles al mercado europeo. Ello podría mejorar su competitividad, aunque debe señalarse que, desde un punto de vista estructural, una parte significativa de la producción industrial argentina presenta dificultades para competir en ese mercado. En el ámbito agrícola, la liberalización alcanza aproximadamente el 80%, siendo este el sector en el que se aplican principalmente las cuotas antes mencionadas.

El principal límite de este esquema radica en que, si bien se liberaliza casi la totalidad de lo que se “podría exportar” a la UE, resta evaluar qué productos pueden efectivamente colocarse en ese mercado. Es probable que las economías regionales incrementen sus exportaciones de alimentos, así como también aumenten las ventas de soja y sus derivados, carne bovina y aviar, productos mineros como el oro y ciertos bienes agroindustriales con mayor valor agregado, como aceites, vinos, carnes procesadas, biodiésel. Sin embargo, el margen de expansión de las exportaciones de origen industriales sería reducido. En términos simples pero duros la Argentina exporta bienes industriales en volúmenes muy acotados —principalmente camionetas pick-ups, en gran medida destinadas al mercado brasileño—, lo que explica en parte la persistente restricción externa que sufre nuestro país. Esto significa que difícilmente pueda diversificarse su canasta exportable a la UE para incluir productos industriales. Entre los aspectos positivos, el acuerdo coloca a la Argentina en una situación comparable a la de otros Estados que cuentan con acuerdos de libre comercio con la UE y exportan productos similares, como Ecuador, Perú, Colombia, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica, entre otros.

Por el lado del MERCOSUR, se eliminan los aranceles para el 91% de las importaciones provenientes de la Unión Europea. En el caso de los bienes industriales, los plazos de liberalización son de diez años o más, y aproximadamente un 9% de los productos queda excluido. Para el sector automotor, los cronogramas de desgravación alcanzan los quince años, de modo que los aranceles se reducirán progresivamente hasta llegar a cero al término de ese período. Además, en este sector, se establecieron mecanismos de salvaguardia particulares para la entrada de automotores europeos al MERCOSUR.

Cómo último punto para destacar en este apartado, la UE elaboró internamente (no en el Acuerdo) un mecanismo de salvaguardias que se podría activar para unos 24 productos provenientes de MERCOSUR (incluyendo carne bovina, de ave y de cerdo, leche en polvo, quesos, maíz y sorgo, arroz, azúcar, huevos, miel, bebidas espirituosas, cítricos, entre otros). Dichas salvaguardias (típicas de los acuerdos comerciales, pero negociadas en capítulos a ese efecto), se podrían disparar si hay un incremento mayor al 5% del volumen de importaciones en comparación al promedio de los últimos tres años o que el precio interno caiga de uno de estos bienes caiga un 5%. La aprobación de esta reglamentación interna de la UE fue un requisito solicitado por varios países europeos al Consejo para finalmente dar su visto bueno al Acuerdo. Desde el punto de vista argentino, este mecanismo unilateral de defensa comercial seguramente traerá incertidumbre al sector agropecuario por su posible discrecionalidad.

Cuestiones no arancelarias

El acuerdo también abarca una serie de capítulos que no se vinculan directamente con el comercio de bienes, reflejando la complejidad propia de este tipo de instrumentos. Entre ellos, se liberaliza el comercio de servicios, un sector de creciente relevancia para la Argentina. La negociación en materia de servicios fue realizada con el sistema de listas positivas, es decir, que se enumeran los servicios beneficiados por el Acuerdo, así como las condiciones que deben cumplir. La negociación incluyó, entre otros, telecomunicaciones, comercio electrónico, construcción, servicios electrónicos, servicios financieros, servicios profesionales (incluyendo jurídicos, agrarios, etc). En este punto, aunque actualmente exporta servicios al MERCOSUR por aproximadamente 29.000 millones de dólares, mientras que el MERCOSUR exporta a la UE alrededor de 13.400 millones, la Unión Europea es el primer importador mundial de servicios, por lo que puede implicar una oportunidad para que aumenten las exportaciones de los servicios argentinos basados en el conocimiento. Este capitulo establece una serie de regulaciones para el comercio de servicios que incluye el respeto al trato nacional y el acceso a mercados, la movilidad temporal de profesionales vinculados a la prestación de servicios, cláusulas sobre comercio electrónico, entre otros estándares típicos.

En materia de compras públicas, se habilita la participación de empresas del MERCOSUR en licitaciones europeas y viceversa, aunque, en la práctica, es previsible que la apertura resulte más accesible para las firmas europeas. 

Asimismo, la UE reconocerá unas 220 indicaciones geográficas del MERCOSUR, de las cuales, unas 104 son argentinas. Esto implica, por ejemplo, que determinadas denominaciones de origen quedarán reservadas a productos elaborados en regiones específicas de nuestro país, incluyendo algunos productos regionales emblemáticos como los “vinos Patagonia”. En contrapartida, MERCOSUR reconoce unas 350 indicaciones geográficas aunque fue elaborado un procedimiento de reconocimiento de usuarios previos.

Un capítulo particularmente relevante es el ambiental. Para que la Unión Europea aceptara liberalizar la producción agrícola del MERCOSUR —y en especial por las preocupaciones vinculadas a Brasil—, el Acuerdo de París ocupa un lugar central en el texto. Su eventual denuncia o incumplimiento sistemático podría dar lugar a la suspensión de las preferencias arancelarias. Este aspecto no ha sido especialmente destacado en el debate público, pero constituye, en los hechos, uno de los principales incentivos para la permanencia de la Argentina en el Acuerdo de París pese a que la posición en materia ambiental del Poder Ejecutivo actual es diametralmente opuesta a lo establecido en dicho acuerdo. Al mismo tiempo, no puede descartarse que este tipo de exigencias funcione como una barrera no arancelaria, en la medida en que el incumplimiento de determinados estándares ambientales pueda utilizarse como fundamento para denegar el acceso preferencial. En principio, existen mecanismos de rebalanceo que le permitan a los países del MERCOSUR tomar medidas compensatorias si las futuras leyes de la UE reducen sus exportaciones a Europa.

Quizás el punto no estrictamente arancelario más relevante del Acuerdo sea el de los derechos de exportación. El Acuerdo con la UE establece que el 90% de los productos exportados por la Argentina a la UE no pagarán retenciones a partir del tercer año. En el caso de los porotos de soja y sus derivados (mucho más relevante en términos de comercio), incluyendo aceite, pellets, harina y biodiesel, pagarán un 18% como máximo para continuar disminuyendo hasta el 14% para el décimo año. Respecto a esto, el costo fiscal estimado es de unos 2.500 millones de dólares anuales y debe tenerse en cuenta que, aunque solo las exportaciones a la UE tendrán este régimen, no es sencillo llevar adelante un sistema de diferenciación de destino al momento de pagar el impuesto dadas las propias características de las cadenas agroindustriales. La intención de la UE de eliminar (o poner un tope) a los derechos de exportación está vinculado a que las “retenciones” funcionan como un subsidio indirecto en tanto separan el precio internacional del precio pagado por los consumidores locales, lo que puede ser particularmente sensible en la Argentina para productos como la carne.

Próximos pasos

En lo relativo al procedimiento de aprobación, el instrumento no es únicamente un acuerdo de libre comercio, sino un Acuerdo de Asociación, estructurado sobre tres pilares: uno económico, otro político y otro de cooperación. El acuerdo de Asociación -que incluye los tres pilares-, denominado “EMPA”, requiere de la aprobación parlamentaria de los cuatro países del MERCOSUR así como de los parlamentos de los países de la Unión Europea (luego esto depende de la obtención de las mayorías necesarias en la propia UE). Sin embargo, fue suscripto además un Acuerdo Interino de Comercio (iTA), que entrará en vigor en forma provisoria hasta tanto el EMPA complete su propio proceso de entrada en vigor. 

Para entender este punto hay que partir del hecho de que existen competencias que son exclusivas de la Unión Europea, otras compartidas entre la UE y los Estados, y otras competencias que los Estados han mantenido para sí mismos. En lo relativo al relacionamiento comercial externo de la unión, la competencia es exclusiva de la UE. En la práctica, ello implica que la parte comercial del acuerdo comenzará a aplicarse desde el momento en que sea ratificado por alguno de los Estados que forman parte del MERCOSUR (el iTA entrará en vigor bilateralmente entre la UE y dicho Estado del MERCOSUR) sin la necesidad de la aprobación parlamentaria por parte de los 27 Estados miembros de la UE.

En cuanto a las cuotas arancelarias, estas se asignan al MERCOSUR en su conjunto y no a cada Estado Parte de manera individual. En consecuencia, será necesario implementar un proceso ágil para definir la distribución de dichas cuotas entre los cuatro socios. Este es solo uno de los puntos que requieren de algún tipo de coordinación entre los socios del MERCOSUR, aunque existen otros que requerirán cooperación con la UE (por ejemplo, de que manera se aplicarían las salvaguardias agrícolas mencionadas previamente).

Conclusión

Desde una perspectiva de política internacional, el acuerdo constituye una señal relevante hacia el mundo en un contexto de fragmentación del sistema internacional. Lula da Silva fue uno de los principales impulsores de la etapa final de las negociaciones, a pesar de que en algún punto se presumía una posición más reticente por parte de su gobierno. La firma del acuerdo (sumado a la visita de las autoridades de la UE a Brasilia el día previo) fue celebrado por las redes sociales del Partido de los Trabajadores (lo que se replica con el Frente Amplio uruguayo, aunque allí los gobiernos tanto de derecha como de izquierda tiene una mirada mucho más amigable con el aperturismo comercial). En la Argentina, el gobierno de Javier Milei evitó una celebración excesiva al momento del cierre del acuerdo, a diferencia de lo ocurrido durante la gestión de Macri. No obstante, —y pese a que incorpora compromisos en materia ambiental, laboral y de género— la firma del acuerdo fue presentado como un gran logro, y fue otra oportunidad utilizado por Milei para marcar diferencias con el gobierno de Lula.

Desde el punto de vista económico, los efectos del acuerdo dependerán en gran medida del sector considerado. Es esperable que las distintas cámaras empresarias expresen posiciones divergentes: algunos sectores, como el textil y varias PYMES, manifestarán fuertes objeciones, mientras que otros, como el agropecuario, se verán claramente favorecidos. Existen, sin duda, argumentos técnicos sólidos para cuestionar el acuerdo desde una perspectiva económica. En definitiva, como ocurre con toda política pública, el acuerdo generará beneficios y perjuicios diferenciados, incluso con matices relevantes al interior de cada sector. La cuestión de las retenciones merece un análisis propio dado que puede implicar la pérdida de un mecanismo de control del precio de determinados productos de consumo masivo, pero fundamentalmente, puede significar un cambio en la manera en la que el Estado argentino se financia.

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