La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión de las ordenanzas de Tandil y Rauch que habilitan las fumigaciones terrestres a 50 metros de ríos y arroyos, a 150 metros de los establecimientos educativos rurales y entre 60 y 800 metros de viviendas. En las últimas décadas, la Justicia bonaerense, a través de diferentes fallos históricos, viene consolidando una doctrina judicial que parece priorizar la salud pública y el medio ambiente por sobre la actividad productiva, que se basa principalmente en el principio precautorio, ante la evidencia científica que se multiplica. 

El máximo órgano de Justicia provincial aceptó el dictamen del procurador Julio Conte Grand, que recomendó detener las aplicaciones de agrotóxicos e hizo lugar a la medida cautelar presentada por vecinos de la Cuenca del Chapaleoufú. Así se suspendieron las fumigaciones los distritos bonaerense de Tandil y Rauch en cercanía de viviendas, escuelas y cursos de agua, previstas en las respectivas ordenanzas municipales.

El secretario de la Corte, Juan José Martiarena, exigió a los intendentes Miguel Ángel Lunghi (Tandil) y Maximiliano Suescun (Rauch) que en un plazo de diez días eleven todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.

Si bien la normativa provincial (ley 10.699) establece requisitos técnicos para el uso de “fitosanitarios” —como la obligatoriedad de la receta agronómica y la matriculación de los aplicadores—, la ley deja grandes vacíos respecto a la protección de las zonas urbanas al no fijar distancias de exclusión precisas. Ante este vacío legal, los municipios se arrogan la facultad de dictar ordenanzas que delimiten el mapa de riesgo. Lo cierto es que, en el territorio, suele existir presión del sector agropecuario y, en muchos casos, son los mismos ingenieros agrónomos —con distintos intereses en juego— quienes diseñan las normativas y se oponen a las demandas sociales.