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Cierre de la ANDIS: búsqueda de impunidad y retorno a un modelo que atrasa un siglo

Cierre de la ANDIS: certificado de impunidad y retorno a un modelo que atrasa un siglo

Bajo la excusa del “ahorro” y la “transparencia”, el gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad para borrar pruebas de corrupción que salpican al entorno presidencial. El desconocimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La condena a millones de personas a la vieja mirada médica y patologizante.

Manuel Barrientos

La crueldad contra las personas con discapacidad ya está claro que no es un error de cálculo en la gestión de La Libertad Avanza: es su método de gobierno. Sin embargo, cuando esa crueldad se mezcla con la urgencia por el encubrimiento, el resultado es una demolición institucional que desborda incluso los límites de lo tolerable en una democracia. El anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la pérdida de su autonomía para ser absorbida de modo total por parte del Ministerio de Salud es un salto al vacío en materia de derechos humanos y, fundamentalmente, una maniobra que huele a obstrucción de justicia.

“Tal como está hasta hoy, dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad. Será absorbida por el Ministerio de Salud”, sentenció esta mañana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La justificación oficial habla de “transparentar al infinito”, pero omite el dato central: la ANDIS es hoy el epicentro de un escándalo de corrupción que salpica al entorno más íntimo de Javier Milei. Luego de la difusión a mediados de este año de los audios del exdirector del organismo y abogado personal del primer mandatario, Diego Spagnuolo, donde se mencionaba el cobro de coimas para medicamentos y se nombraba a figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, el Gobierno decidió que la mejor forma de investigar el organismo era, sencillamente, hacerlo desaparecer. Mientras tanto, sigue sin cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, que fue votada y ratificada varias veces en el Congreso luego del veto presidencial y el intento de derogarla “por la ventana” a través de la ley de Presupuesto 2026.

Un retroceso de décadas: del derecho a la patología

El cierre de la Agencia implica, en los hechos, el fin del modelo de abordaje social e integral de la discapacidad para regresar al viejo modelo médico. Al pasar a la órbita de Salud, la discapacidad deja de ser una cuestión de derechos transversales (educación, trabajo, transporte, desarrollo personal y colectivo) para volver a ser tratada con “criterios sanitarios”, según las propias palabras de Adorni.

Este movimiento ignora que la ANDIS posee un directorio con participación de organizaciones del sector, un espacio de control y construcción colectiva que ahora será reemplazado por la verticalidad de un ministerio que ya viene asfixiando los presupuestos de prestaciones básicas. Como advirtió el Foro Permanente por la Discapacidad: “La disolución de la Agencia implica volver al modelo médico, vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desoye años de lucha colectiva… Su disolución implica perder jerarquía política y capacidad de articulación”.

El cierre de la Agencia implica, en los hechos, el fin del modelo de abordaje social e integral de la discapacidad para regresar al viejo modelo médico. Al pasar a la órbita de Salud, la discapacidad deja de ser una cuestión de derechos transversales (educación, trabajo, transporte, desarrollo personal y colectivo) para volver a ser tratada con “criterios sanitarios”, según las propias palabras de Adorni.

La Convención Internacional, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, establece que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas y las barreras del entorno. Al degradar la Agencia, el Estado argentino está incurriendo en una regresión prohibida, borrando de un plumazo la mirada integral que permite a una persona con discapacidad ser un sujeto de derecho y no un mero paciente a tutelar.

Pero hay un trasfondo más oscuro. En los tribunales de Comodoro Py, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi investigan una trama de defraudación al Estado que compromete a la cúpula del Ejecutivo. La eliminación de la ANDIS, depositaria de la prueba documental, administrativa y contable de estas gestiones, configura una desviación de poder de manual.

¿Cómo se “transparenta” un organismo eliminando sus registros y desarticulando sus equipos técnicos justo cuando la Justicia empieza a pedir explicaciones? La respuesta es obvia: se busca la impunidad. Bajo la excusa de la eficiencia, el Gobierno intenta borrar las huellas de un escándalo que llega al despacho presidencial.

Adorni insiste: “Las políticas de discapacidad se van a administrar con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. La realidad lo contradice. Desde su asunción, la presidencia de Milei ha llevado al sistema de discapacidad al colapso. Los resultados de la gestión libertaria: retrasos en los ajustes del nomenclador que regula las prestaciones básicas, mantener pisados los ingresos que perciben las personas que trabajan en los talleres protegidos, maltrato institucional, la no implementación de la ley de Emergencia en Discapacidad, pago de sobreprecios en los medicamentos. A ese conjunto, ahora se suma la disolución de la ANDIS, el retroceso de un siglo a un modelo medicalizante y el desconocimiento absoluto de la Convención de las Personas con Discapacidad.

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