Se presentó en el Senado el informe que advierte sobre el grave deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Entre la desinformación, la precarización laboral, el vaciamiento de medios públicos y la vigilancia estatal.

Redacción 4Palabras

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 se presentó en el Senado durante la última semana y reunió a diputados, senadores, dirigentes sindicales, referentes de medios comunitarios, investigadores, docentes universitarios y periodistas, muchos de los cuales fueron blanco de los ataques oficiales a lo largo del año.

El documento, elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), advierte sobre el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo y reúne datos claves respecto a la represión y criminalización, el hostigamiento judicial, los ataques digitales, las deepfakes, la precarización laboral, el vaciamiento de medios públicos y la vigilancia estatal. Además, detalla de qué manera la presión sobre periodistas, el manejo discrecional de la pauta y las campañas de desinformación funcionaron como herramientas de control para reducir los márgenes del debate democrático y silenciar las agendas disidentes.

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras, reconoció que la actividad dejaba “una sensación agridulce” porque, a la vez que demostraba la calidad del trabajo de investigación, daba cuenta de la gravedad de los hechos registrados, en particular “las agresiones y amenazas contra quienes informan”. “Hoy nos convoca el rechazo al agravio y nos preocupa la integridad física de los que se dedican al trabajo periodístico”, aseguró y señaló la escalada de violencia simbólica desde el más alto nivel del Estado.

La senadora jujeña Carolina Moisés destacó que el informe le brinda al Congreso y a la política “un mapa preciso” de lo que está ocurriendo, con potencial para sustentar iniciativas legislativas, pedidos de informes y denuncias en organismos internacionales. Además, señaló que, frente a un Ejecutivo que despliega violencia simbólica y material contra la prensa, el Parlamento tiene la responsabilidad de abrir espacios de escucha y protección.

El informe detalla de qué manera la presión sobre periodistas, el manejo discrecional de la pauta y las campañas de desinformación funcionaron como herramientas de control para reducir los márgenes del debate democrático y silenciar las agendas disidentes.

La secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, ancló el diagnóstico en la experiencia gremial y denunció que “el gobierno desplegó, desde hace dos años, un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación que incluye represión, persecución y desfinanciamiento de medios públicos”. Además, remarcó que el informe muestra un aumento del 66 por ciento en los casos de represión a periodistas y trabajadores de prensa durante coberturas de protestas, con un total de 83 personas agredidas hasta octubre de 2025, frente a los 50 casos ya alarmantes del año anterior.

Durante la presentación, también se emitió un mensaje de la vicepresidenta de la FIP, Zuliana Láinez, quien sostuvo que “este informe es esencial porque cada vez que se quiera afirmar que en Argentina se respeta la libertad de expresión, tendremos este documento para decir lo que pasó con Pablo Grillo, con los medios públicos, con las y los periodistas que cubren movilizaciones, con la pauta oficial y con el acoso a las mujeres periodistas”. “No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada”, destacó Láinez.

También habló el secretario general del Sindicato del Seguro y nuevo triunviro de la CGT, Jorge Sola, quien advirtió que “cuando se ataca a los periodistas y se vacían los medios públicos, se ataca el derecho de toda la sociedad a estar informada”.

La directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval, retomó la idea de la universidad como espacio de producción de herramientas colectivas y planteó que el Informe “no es un punto de llegada sino una base para seguir monitoreando y denunciando el deterioro de la libertad de expresión”.

Convocados por las distintas instituciones, los periodistas Ari Lijalad y Julia Mengolini dieron testimonio del hostigamiento y la persecución que enfrentaron a lo largo del año.”Tengo una historia de una década de hostigamiento en las redes sociales” afirmó Mengolini y sostuvo que “la ultraderecha quiere mediante las desregulaciones y el desmantelamiento del Estado que finalmente gane el más fuerte”. Mientras que Lijalad insistió en la necesidad de revelar la lógica detrás de los ataques y la persecución judicial y advirtió sobre la normalización de la violencia institucional.

Por último, Ángela Lerena, secretaria de relaciones sindicales de SiPreBA; Sebastián Vricella, presidente de ARGRA; y Diego Morales, del CELS, aportaron miradas complementarias sobre los casos de violencia policial, ataques digitales, precarización laboral y vaciamiento de medios públicos y comunitarios.

Enlace para acceder al informe completo aquí

Columna de Larisa Kejval para 4Palabras

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