Ya es ley: la lucha del colectivo de discapacidad logró la unanimidad del Senado
Con 71 votos a favor, los senadores convirtieron en ley el régimen permanente para el sistema de discapacidad. El colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores advierte que la lucha continúa: ahora el Ejecutivo debe reglamentar y garantizar los fondos.
- noviembre 20, 2026
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El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad. Se trata de un gran triunfo de las familias y de todo un colectivo que logró la unanimidad de la cámara alta para esta iniciativa que busca consolidar de manera permanente las políticas públicas destinadas al sector, garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.
Pero la postal de la mañana en la Plaza Congreso tenía esa mezcla de contrastes que solo la Ciudad de Buenos Aires sabe ofrecer antes de una jornada histórica. Con la cúpula verde del Palacio Legislativo de fondo, una novia posaba para las cámaras y un grupo de turistas disparaba sus teléfonos celulares sin advertir del todo que, a pocos metros, sobre el sector de la plaza que linda con la avenida Callao, empezaban a estacionar en fila las combis escolares naranjas. Ese color, el del transporte que cada día recorre el conurbano y los barrios porteños, fue la primera señal de que la calle volvía a ser territorio de reivindicación de derechos.
Desde abril de 2025, cuando el sector comenzó a organizarse para exigir la declaración de la emergencia ante el ajuste y el desfinanciamiento, el colectivo de personas con discapacidad, sus familias y los prestadores acumularon meses de vigilia, reclamos administrativos y marchas bajo condiciones adversas. Esta vez, sin embargo, había un clima más festivo, aunque todos tienen en claro que la lucha sigue. Los últimos automovilistas que lograban gambetear el corte inminente hacían sonar sus bocinas en señal de respaldo, mientras desde el camión con el sonido amplificado se ratificaba: “Si es ley se debe a la lucha de todo el colectivo de las personas en discapacidad en nuestro país”.
En el recinto de la Cámara Alta, la aritmética parlamentaria terminó por darle la razón a esa lectura política. Tras más de cuatro horas de debate, el Senado convirtió en ley el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad por 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Un resultado contundente y una señal muy fuerte para el presidente Javier Milei, que desde el minuto uno de su gestión decidió atacar de modo directo a la discapacidad.
El triunfo legislativo es la consecuencia directa de esa presión sostenida en el espacio público. En la plaza, entre pancartas históricas que arrastraban el desgaste de más de un año de conflicto, asomaban otras más recientes que citaban el paso de León XIV por el Cottolengo Don Orione de Claypole: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”. Otro cartel, escrito a mano, resumía la mecánica de la resistencia: “El reclamo no es individual, es colectivo. Y vaya si es colectivo”.
Tras más de cuatro horas de debate, el Senado convirtió en ley el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad por 71 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Un resultado contundente y una señal muy fuerte para el presidente Javier Milei, que desde el minuto uno de su gestión decidió atacar de modo directo a la discapacidad. El triunfo legislativo es la consecuencia directa de esa presión sostenida en el espacio público.
Entre quienes sostenían esa vigilia estaba José Montenegro. Sufrió de chico la poliomielitis y fue criado precisamente en el Cottolengo. “Hoy estamos más contentos, después de todo lo que pasamos. En la última marcha hubo mucha lluvia, pero les dije que el agua iba a traer algo muy hermoso, como esa visita del Papa en Claypole. Pero sepan todos que las personas con discapacidad vamos a luchar hasta la última gota de sudor”, sostuvo ante los micrófonos.
Actriz y madre de un adolescente con discapacidad, Lola Berthet puso en perspectiva el recorrido de un sector que enfrentó miles de embates oficiales. Destacó que se trata del único colectivo que “ha logrado pequeñas cosas” en este contexto. “Nunca nos vencieron. Esto es por nosotros que estuvimos acá, por nuestros hijos y familias. Pero tenemos que continuar. Y las personas con discapacidad siempre tenemos un plus de lucha, porque es lo que hacemos todos los días”, afirmó.
Mientras en la calle una madre levantaba una cartulina denunciando la “crueldad planificada” del gobierno nacional, en el interior del palacio el senador Agustín Monteverde, miembro informante del bloque gobernante, abrió el debate defendiendo el reemplazo de la emergencia por una estructura estable. “Genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia; la única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de emergencia se prorroga año tras año lo que se genera es incertidumbre para los beneficiarios y los prestadores”, argumentó, reconociendo que la norma toma herramientas de la ley 27.793 –a la que se habían opuesto– para convertirlas en un esquema definitivo.
La senadora justicialista Alicia Kirchner agradeció las 25 firmas que permitieron destrabar un dictamen que calificó de “imprescindible” ante su inminente vencimiento. Y apuntó al corazón filosófico de la norma: “Se debe entender qué es la dignidad humana, qué es la autonomía de la persona, qué es la protección de los derechos, quiénes son titulares de derechos… Y en esto disiento de Monteverde, cuando habla de beneficiarios. Siento que una persona con discapacidad es titular de ese derecho”.
Juliana di Tullio habló en nombre del interbloque Popular. Su discurso apuntó contra el presidente, la secretaria general Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y la senadora Patricia Bullrich. En contraposición, reivindicó la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y definió el proyecto sin rodeos: “Es el resultado de la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias”. Al cierre del debate, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, buscó encuadrar la votación como “un acuerdo social y político”, admitiendo que detrás de la norma hay familias que atravesaron dos años de disputa.
Más allá de las lecturas políticas en el recinto, la letra de la ley sancionada introduce modificaciones estructurales en el sistema. En primer lugar, reafirma la vigencia y continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la ley 24.901 y actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. La norma establece que la pensión por invalidez laboral y discapacidad equivaldrá al 70% de la jubilación mínima garantizada, con actualización automática atada a la movilidad previsional. También un punto clave reclamado por el sector: la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En el plano presupuestario, el texto obliga a que las futuras leyes de presupuesto asignen partidas suficientes y prohíbe que el ingreso por beneficiario caiga en términos reales con respecto del ejercicio anterior, facultando al Ejecutivo a realizar adecuaciones si los fondos resultan insuficientes. Además, garantiza a los titulares de pensiones el acceso integral a la cobertura médica de la ley 24.901, exige capacitación obligatoria para el personal de las instituciones prestadoras, impone auditorías periódicas con publicación de datos abiertos y obliga al Ejecutivo a presentar un cronograma para saldar las deudas acumuladas con los prestadores.
En ese punto –el paso del texto escrito a la ejecución real– se concentra ahora la mirada de quienes sostuvieron estos dos años el reclamo en la calle. La unanimidad de los 71 votos en el Senado cierra una etapa parlamentaria, pero abre otra de fiscalización estricta. En la Plaza Congreso, Gonzalo Giles, escritor, periodista y usuario de comunicación aumentativa y alternativa –quien acaba de publicar Cuerpos Políticos. Ni caridad, ni descarte: derechos–, lo expresó con claridad: “No confundamos promesas con derechos garantizados, la lucha continúa”.
La sanción de la ley constituye un triunfo innegable para un colectivo que supo articularse desde abajo frente al ajuste. Pero en la Argentina de las leyes incumplidas y los presupuestos subejecutados, el festejo en la calle fue medido. El texto ya tiene fuerza de ley. Ahora la responsabilidad recae íntegramente sobre el Ejecutivo, que deberá reglamentarla sin dilaciones, habilitar las partidas presupuestarias correspondientes y cumplir con los cronogramas de pago. Hasta que cada prestación llegue en tiempo y forma y cada pensión se liquide sin trabas, las combis naranjas seguirán listas para volver a estacionar frente al Congreso.
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