La Constitución brasileña de 1988 demostró su solidez para sostener una de las mayores democracias del mundo. Sin embargo, tras la reelección de Lula en 2026, la negativa de Flávio Bolsonaro a acatar los resultados y su posterior fuga ante investigaciones judiciales tensionan el sistema republicano y dejan en la orfandad a sus electores.

Raúl Gustavo Ferreyra*

La República Federativa del Brasil, una de las principales potencias mundiales, posee una Constitución sancionada en 1988 que ha sido reformada en reiteradas oportunidades sin que se haya alterado su espíritu. Los cuerpos que integran esa ley fundamental son considerados, en el concierto del derecho constitucional comparado, sumamente logrados, en varios casos por su originalidad y su dimensión normativa.

Así esa escritura fundamental es la arquitectura de una de las mayores democracias constitucionales del planeta, con voto obligatorio. En pocas palabras, se trata de una ley concebida para gobernar un territorio de más de ocho millones de kilómetros cuadrados y a una ciudadanía de más de 200 millones de personas. Hoy caben pocas dudas de que las instituciones de la Constitución brasileña de 1988 están íntimamente vinculadas con el desarrollo de los negocios, la economía, las finanzas y el combate contra la pobreza. Estable desde su sanción, la Constitución de 1988 ha dado a Brasil un conjunto de reglas sólidas y previsibles que favorecen un desarrollo armónico con rasgos de justicia social. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Ulysses Guimarães, la definió en su discurso del 5 de octubre de 1988, día de su promulgación, como la «Constitución ciudadana». Toda Constitución es única, porque condensa la historia y las aspiraciones de un pueblo; tal vez la brasileña se distinga, entre las comparables, por la cualidad que le da nombre: ser «ciudadana».

La Constitución brasileña, dentro de su marco, ha tutelado la integración y la renovación continuas de todos los poderes constituidos. Desde 1988 se han celebrado con regularidad comicios populares y auténticos para elegir a los miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso. También el Supremo Tribunal Federal, el órgano al que se atribuye jurídicamente la «guarda de la Constitución», se ha integrado con regularidad y con diversidad de género. El predicado sobre la regularidad institucional brasileña alcanza también la realización de dos plebiscitos constitucionales cumplidos en el período examinado.

El Poder Ejecutivo de la República Federativa del Brasil es ejercido por el presidente. Para llevar adelante ese liderazgo institucional, el candidato debe obtener millones de votos a su favor. En la segunda vuelta electoral del domingo 25 de octubre de 2026, Lula resultó vencedor y fue reelegido presidente: obtuvo más de 64.000.000 de sufragios y su adversario, Flávio Bolsonaro, cerca de 60.000.000. Repárese, por ejemplo, en que, en la segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente en la Argentina, en 2023, la suma de votos de ambos contendientes no llegó a 30.000.000. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo en 2024 más de 77.000.000 de votos.

En Brasil, el voto es mucho más que una cifra: es el instrumento con el que una ciudadanía confiere legitimidad al Poder Ejecutivo. Con voto obligatorio, cada elección convoca a un electorado de dimensión continental, y esa magnitud dota al presidente electo de un respaldo popular de pocas comparaciones en el mundo. Pero también importa por su ajustado equilibrio: una diferencia de pocos puntos porcentuales representa millones de voluntades, y es la Constitución de 1988 la que garantiza que esa decisión se resuelva por la vía institucional, mediante las urnas.

Durante los debates televisados, Lula acusó a Bolsonaro de ser un «mentiroso» y enumeró en detalle varias situaciones para respaldar sus dichos, todas ellas vinculadas con el bienestar general de la ciudadanía, en las que Bolsonaro había votado en contra u obstaculizado las medidas en juego.

Terminada la elección, el candidato Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota. Un hecho que sí han reconocido sus aliados y partidarios.

Antes de los comicios se había ordenado el inicio de investigaciones policiales por la presunta comisión de delitos. En mérito de ello, la autoridad judicial dispuso como medida preventiva el retiro de sus pasaportes, una circunstancia que implica la prohibición de salir del país.

Sin embargo, el candidato derrotado decidió abandonar a la ciudadanía que lo había votado: desconoció el resultado y, vencido el plazo para entregar sus pasaportes, su paradero quedó en duda.

Es la escena que evoca Baudolino, de Umberto Eco, cuyo relato se abre el 14 de abril de 1204, cuando los cruzados de la Cuarta Cruzada, desviados de Tierra Santa, acaban de tomar Constantinopla. Tras la fuga nocturna del usurpador Murzuflo, Eco describe a «los ciudadanos, huérfanos ya y derrotados», que maldicen a quien antes aclamaban y, con sus clérigos, se ofrecen a los nuevos amos vencedores. Del mismo modo, quienes apoyaron a Flávio Bolsonaro quedaron en orfandad: al desconocer el resultado y sustraerse a la orden judicial, su candidato los dejó librados a su suerte, en un acto que, por las circunstancias, parece realizado con plena conciencia y voluntad de abandono.

El verbo «abandonar» admite varias acepciones, y todas parecen aplicarse a lo ocurrido: dejar solo a alguien o a algo, alejándose de ello o dejando de cuidarlo; descuidar las obligaciones o los intereses propios del cargo o de la condición que se ostenta; y, por último, caer de ánimo, rendirse ante las adversidades y los contratiempos. En ese triple sentido cayó Flávio Bolsonaro. Dejó a quienes lo votaron sin la conducción política que cabe esperar de quien aspiró a presidirlos; descuidó la obligación primordial e institucional de todo contendiente, que es aceptar el veredicto de las urnas; y se rindió, con afectada emoción, ante la derrota en lugar de afrontarla con la entereza que la democracia exige a vencedores y vencidos por igual.

Hoy los brasileños que acompañaron a Flávio Bolsonaro con su voto quedan, como los ciudadanos de Constantinopla, huérfanos de un conductor que no estuvo a la altura de las reglas a las que debía lealtad.

Más grave aún, abandonó las reglas propias del tipo de Estado constitucional, democrático y de derecho, que consiste en quedar subordinado, en todo tiempo y lugar, al principio de legalidad. En ese tipo de Estado no es la voluntad del príncipe la que hace el derecho: el derecho es elaborado por la representación de la ciudadanía, y se le debe un leal acatamiento, sobre todo de parte de quienes aspiran a gobernar. Son las razones de la autoridad las que hacen al derecho del Estado. Esa lealtad se mide en los momentos difíciles, cuando la ley contraría los intereses personales o las pretensiones políticas. La Constitución de 1988 previó vías institucionales para reclamar y dirimir cualquier disputa electoral, y es por ellas, y no por el desconocimiento del resultado ni el incumplimiento de las órdenes judiciales, que se resuelven las controversias en una democracia madura. Hoy los brasileños que lo acompañaron con su voto quedan, como los ciudadanos de Constantinopla, huérfanos de un conductor que no estuvo a la altura de las reglas a las que debía lealtad.

Conviene, sin embargo, una aclaración indispensable. Hasta el momento no se habría iniciado, estrictamente, un proceso criminal contra Flávio Bolsonaro: lo que existe son investigaciones en curso y que determinadas hipótesis delictivas resulten presumibles o verosímiles no significa que esas pesquisas deriven necesariamente hacia una acusación, y mucho menos hacia una condena. Rige a su favor, como rige para toda persona, la presunción de inocencia y el estado de derecho exige que así sea hasta que una sentencia firme disponga lo contrario. Ese es precisamente el valor de las reglas constitutivas del Estado republicano y democrático: protegen también a quien las cuestiona. En el caso de Brasil, además, su Constitución de 1988 es uno de los mejores catálogos de garantías para quien resulte acusado en un proceso penal; basta leer su artículo 5, una pieza inigualable y de antología en la redacción de reglas fundamentales.

Mientras tanto, nada obligaba a Flávio a hacer lo que hizo: huir. Pudo afrontar las investigaciones con las garantías de defensa que el sistema le ofrece, aceptar el veredicto de las urnas y conducir a quienes lo votaron desde la oposición democrática. Eligió, en cambio, abandonar: a la ciudadanía que confió en él y a las reglas del Estado constitucional, democrático y de derecho que decía defender. Y esa decisión, a diferencia de cualquier proceso futuro, ya está tomada, en una muestra de tozudo autoritarismo.

Agradezco a la distinguida profesora doctora Carolina Cyrillo, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por su valiosa conversación en torno a este artículo, aunque es ajena a las afirmaciones que aquí se formulan.

* Raúl Gustavo Ferreyra es profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Derecho.

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