La caída en las compras de medicamentos per cápita del PAMI expone el impacto del ajuste en los adultos mayores. A la erosión de las jubilaciones se suman el paro anunciado por las clínicas privadas ante el atraso arancelario y la poda drástica en el programa Remediar.

Manuel Barrientos

Curarse o prevenir una enfermedad ya no es más un derecho básico. En la Argentina de Javier Milei se ha convertido en un privilegio, en especial en el caso de las personas mayores. En los últimos dos años, la venta de medicamentos con cobertura del PAMI experimentó una contracción del 18,45%, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande.

El número adquiere un dramatismo aún mayor si se desagrega en forma individual: a pesar de que el padrón de afiliados sumó a más de 340 mil personas desde fines de 2023, las unidades consumidas per cápita cayeron de un promedio de tres en abril de 2024 a apenas 2,4 en marzo de 2026. Es decir, un recorte efectivo del 20,6% en el tratamiento diario de cada jubilada y jubilado. Con haberes mínimos que perdieron un 10,1% real en el mismo período y precios de remedios ajustados por encima de la inflación general, la receta médica pasó a disputar la prioridad del consumo con el plato de comida.

Pero la asfixia va más allá de las góndolas de las farmacias. El entramado de atención privada sumó un nuevo capítulo de tensión al anunciarse un paro de 48 horas en la atención a afiliados del PAMI para este miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, impulsado por cuatro de las principales cámaras del sector sanitario –entre las que se cuentan la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia–. Las entidades reclaman una recomposición arancelaria urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones.

La motosierra en el sistema de salud exhibe una lógica inequívoca: achicar la presencia del Estado en los eslabones más sensibles, derivar la crisis a provincias y municipios, y trasladar el costo del ajuste a los sectores más vulnerables.

Según estimaciones de los prestadores, los aranceles (cápitas) abonados por la obra social arrastra un fuerte atraso frente a la dinámica inflacionaria. Mientras que el índice de precios al consumidor acumuló un 241,8% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, los aranceles del PAMI apenas se incrementaron un 110,55%. En el segundo nivel de atención —que abarca internaciones y cirugías de baja y mediana complejidad— la brecha resulta irreparable sin una actualización cercana al 90%. La respuesta oficial, acotada a incrementos parciales e inconexos, amenaza con desbordar los efectores públicos, hacia donde confluyen diariamente los pacientes devueltos por un sistema privado sin presupuesto para funcionar.

Como tercera estocada al esquema de atención médica, el Ministerio de Salud de la Nación terminó de desmantelar en los últimos días el programa Remediar. A través de la resolución 1477/2026, el Poder Ejecutivo derogó el histórico vademécum de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención primaria, vigente desde 2002, reduciéndolo a solo seis principios activos destinados de forma casi exclusiva a la prevención cardiovascular. Antibióticos de amplio espectro, tratamientos para la diabetes tipo 2, drogas para el hipotiroidismo y broncodilatadores clave para patologías respiratorias quedaron excluidos del botiquín gratuito estatal.

La medida convalida un recorte presupuestario del 72% en términos reales sobre el programa entre 2023 y 2026, que ya se tradujo en una baja vertiginosa en los tratamientos entregados —de 37,1 millones a 14,1 millones— y en la distribución de botiquines a los centros de salud de todo el país.

La motosierra en el sistema de salud exhibe una lógica inequívoca: achicar la presencia del Estado en los eslabones más sensibles, derivar la crisis a provincias y municipios, y trasladar el costo del ajuste a los sectores más vulnerables.

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