Foro por la Discapacidad cruzó a Santiago Caputo: “Busca generar un clima favorable al ajuste”
Desde el espacio que reúne a diversas instituciones que trabajan por la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad rechazaron las declaraciones del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien acusaron de usar datos falsos sobre el sector para justificar recortes y estigmatizar al colectivo.
- octubre 13, 2026
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En el marco de la disputa parlamentaria y social por la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad, el Foro Permanente por la Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza los dichos del asesor presidencial Santiago Caputo. La asociación acusó al funcionario de utilizar afirmaciones infundadas y falsas con el objetivo deliberado de predisponer a la opinión pública a favor de recortes en el sector y restringir prestaciones fundamentales para las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el organismo manifestaron su preocupación por lo que consideran una estrategia sistemática de estigmatización: “Estas declaraciones buscan nuevamente generar polémica y un malestar social hacia estas personas con afirmaciones falsas”, señalaron. Para el jueves 15 está convocada una sesión especial por parte de los bloques opositores con el objetivo de avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el final del mandato de Javier Milei. Desde el Foro convocaron a marchar a Plaza Congreso ese día para respaldar el proyecto de ley, en una jornada en la que también se marchará por el financiamiento universitario y el desendeudamiento de las familias y contra la ley de extranjerización de la tierra, entre otros puntos.
El cruce de datos y la falta de respaldo documental se convirtieron en el eje central del reclamo sectorial frente a las declaraciones del asesor. Ante el dicho de Caputo respecto a que “aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, el Foro le exigió la presentación inmediata de la documentación técnica correspondiente. Según sostienen las organizaciones, ninguna auditoría realizada por la actual administración estatal ha arrojado semejante proporción. En relación a los presuntos “certificados emitidos por políticos para sus amigos, conocidos, tíos o primos”, las entidades cuestionaron la veracidad de la acusación. Y preguntaron si el asesor cuenta con pruebas concretas o si pretende invalidar el trabajo técnico de las juntas médicas provinciales integradas por profesionales interdisciplinarios.
El cruce de datos y la falta de respaldo documental se convirtieron en el eje central del reclamo sectorial frente a las declaraciones del asesor. Ante el dicho de Caputo respecto a que “aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, el Foro le exigió la presentación inmediata de la documentación técnica correspondiente.
El Foro también descalificó la premisa de que los recursos para las prestaciones son escasos debido al fraude masivo y señaló que sostener que la atención es un desastre por culpa de pensiones irrisorias carece de rigor conceptual y fáctico si no se demuestra la irregularidad.
Uno de los tramos más duros del documento confronta la comparación realizada por el asesor presidencial al afirmar que la Argentina cuenta con más pensiones por invalidez que un país atravesado por una contienda bélica. “Señor Caputo, si bien es cierto que una guerra produce graves daños en personas que, en ocasiones, hacen que no puedan trabajar, también la pobreza genera esto. Sin tanto ruido como una guerra, impide que niños accedan a una buena alimentación desde su gestación y durante los primeros meses de vida, con las consecuencias que esto produce en su desarrollo motriz e intelectual”.
Además el Foro recordó que los organismos internacionales coinciden en que la pobreza es un factor estructural que genera discapacidad. Cruzando los datos del Censo Nacional (que estimó un 12,9% de personas con discapacidad) con la población proyectada y los índices actuales de indigencia y pobreza, explican que existen al menos 2.000.000 de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social en el país.
El Foro Permanente cuestionó la continuidad de la narrativa sobre la “gran estafa de los últimos 20 años”, recordando que ni las auditorías del gobierno de Mauricio Macri ni las de la actual gestión lograron probar tales desvíos generalizados. Por todo esto, la organización le exigió de forma directa al presidente Javier Milei que obligue a su asesor a respaldar públicamente sus dichos con datos fehacientes. Advirtieron que validar discursos sin sustento pone en duda la veracidad de la información sobre la cual el Ejecutivo toma decisiones de gobierno, respondiendo a una vieja táctica donde la desinformación busca calar en la conciencia social para justificar la quita de apoyos y derechos esenciales.
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