Pilar Arcidiacono es doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Es coautora, junto a Luisina Perelmiter, del libro De bobo, nada: Cómo funciona la Anses y por qué pone en cuestión los mitos contra el Estado (Siglo XXI Editores), donde analiza el funcionamiento de ese organismo para desmontar los discursos que califican el accionar estatal como ineficaz, vetusto o discrecional. 

Para la especialista, la estrategia del gobierno de Javier Milei en materia de políticas sociales expone dos movimientos opuestos: mientras se eliminan o congelan los programas vinculados a lo colectivo y a la población en edad de trabajar, “se mantienen aquellas prestaciones que tienen una lógica vinculada con las infancias y con la transferencia directa a las familias”. En diálogo con 4Palabras advierte los límites de este accionar frente a la pérdida del poder adquisitivo ante la suba de los costos fijos y de los alimentos. 

¿Por qué en el proyecto de Presupuesto 2027 el gobierno va por un nuevo intento de eliminación de la actualización automática de los programas de transferencia de ingresos, en especial la AUH, que en algún punto es contradictorio con la comunicación del Ministerio de Capital Humano que dice que han reforzado esos programas?

Por un lado, pareciera que quieren arrogarse la posibilidad de manejar discrecionalmente las transferencias, no sería la primera vez en la historia argentina. Aunque también es posible que sea una prenda de negociación y después, ojalá, se retroceda. Lo que sí me preocupa es que si bien ANSES salió mejor parada que otras instituciones en el proceso de desmantelamiento, lo cierto es que perdió gran parte de su dotación de personal. Ahora hay un nuevo llamado a retiro voluntario. Estamos viendo una pérdida de ese saber burocrático de gente súper profesional, que representa un retroceso enorme. Es un organismo que ha manejado y sostenido la expansión de las transferencias de ingresos y se están perdiendo varias cosas, como los cambios en moratoria, en los créditos, en el Progresar. Es un organismo clave para intervenir también en las emergencias, en la Argentina lo vimos en la pandemia. Hay que estar muy alertas en este sentido. 

Potenciar Trabajo y otros programas que apuntaban a la organización colectiva han sido casi eliminados o perdieron su peso. ¿Por qué ese desmantelamiento en algún punto tuvo protestas mínimas o muy acotadas? 

Tengo algunas hipótesis. Ese brazo social del Estado ha tenido históricamente problemas de legitimación social. Ha sido una política sospechada, incluso alimentada por narrativas de diferentes gestiones que, aunque expandían los propios programas, difundían la sospecha de la vagancia, del desincentivo del trabajo, de las cargas morales sobre los intermediarios, la idea de las “malas madres”. Hay mucha sospecha cargada sobre la política socio-asistencial en el mundo, no es solo una singularidad argentina. El otro tema es que no se puede analizar este proceso de desmantelamiento de la protección sin ver también el proceso de consolidación de una infraestructura punitiva muy fuerte.

Es decir, mientras desmantelaron programas, no generaron políticas nuevas, y lo único que hicieron fue mantener la AUH y la tarjeta alimentaria, han tenido mucha productividad estatal en crear infraestructura punitiva. Me refiero a los aumentos presupuestarios en seguridad, inteligencia, protocolos antiprotesta, cibervigilancia… Es un montón de infraestructura estatal que limita el espacio cívico para cualquier tipo de protesta. Ese movimiento, junto con la escasa legitimidad del mundo de las transferencias, es una combinación letal para la política social y creo que les habilita enormemente a tomar estas medidas. Y la población que recibía esas prestaciones se repliega en otras estrategias, de pluriempleo, de changas, de deuda. Hoy prima más la idea de implosión que de explosión.

En sus trabajos señala que también está arraigado en ciertos sectores populares la idea de la salida individual y el orgullo de “no pedirle nada al Estado”. 

Cuando hicimos con Luisina Perelmiter un trabajo sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con los 9 millones que tuvo de cobertura en la pandemia, veíamos que era gente que por primera vez se enfrentaba al Estado pidiendo algo. Sentían incluso vergüenza. Esto tiene mucho que ver con la matriz trabajista de las sociedades capitalistas, de que la forma legítima de conseguir ingresos y derechos sociales está asociada con la figura del trabajo. Por lo tanto, todo mecanismo que viene por otro lado, en este caso la política socio-asistencial, es menos legítimo y está más cuestionado. Pero las lógicas de la salida individual son mucho más históricas que Milei. Lo que ha sido una transformación enorme es que este gobierno anunció que iba a sacar a los planes… y lo hizo. 

En esa trama aparece desde la “canaleta” de Ernesto Sanz a, incluso, los discursos de algunos ministros y ministras del gobierno de Alberto Fernández.

Aún en el ciclo de gobiernos progresistas hubo muchas sospechas, se habilitaron canales de denuncias por el tema de intermediarios que solicitaban ir a manifestaciones. También la narrativa sobre el tema de las madres que tenían una gran cantidad de hijos, cuando ahora hay una preocupación por la caída de la tasa de natalidad. El tema de “la vagancia” venía desde hace rato, atravesó las narrativas del gobierno de Cambiemos –que expandió el mundo de los planes sociales– y luego el gobierno de Alberto. Es decir, ha sido muy constitutivo. Ahora la diferencia es que la narrativa se convierte en decisión política y efectivamente terminan desmantelando gran parte de esos planes.

Otro fenómeno que tiene historia, pero que ha crecido, es el endeudamiento de las familias. El gobierno además permitió el ingreso de un jugador en el mundo de las transferencias que es Mercado Libre. 

El problema hoy es la cantidad de deudas simultáneas que tienen las familias, pero aún más la mora. También para qué las toman. Ahí aparece el concepto de “deudas de sacrificio” que explica Ariel Wilkis. Es decir, se toman préstamos para comprar remedios, para pagar la luz, para comprar alimentos. Ese mundo era cubierto, en todo caso, por las políticas sociales. Es decir, no es que antes las personas no se endeudaban, el problema es que ahora se endeudan para cosas que antes cubría el Estado.

Cuando en la época de Cambiemos surgió la posibilidad de extender los créditos de los jubilados y pensionados hacia los beneficiarios de la AUH fue bastante cuestionado, porque la asignación universal pasaba a tener un rostro más crediticio. Con el diario del día después, podríamos decir que no era el peor escenario un endeudamiento con ANSES frente a los otros espacios de endeudamiento que aparecen ahora. Entre otros, Mercado Libre, con las tasas que maneja. Esa agenda se viene con fuerza en la Argentina, porque mientras no tengas un rol fuerte del Estado en dar políticas sociales y en generar prestaciones, y sin activación del mercado de trabajo, el endeudamiento va a ser el formato para cubrir la cotidianidad de la vida. No es un campo que yo trabaje, pero me interesa el corrimiento de la responsabilidad, incluso dicho por el propio gobierno: “¿Tenés un hijo con discapacidad? Bueno, hacete cargo”. Ya ni siquiera es la comunidad, es la familia la que se tiene que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Hay cada vez más familias –en especial, más mujeres– sobrecargadas y ese es un fenómeno que se ve por distintas aristas. 

Habló de la pérdida de capacidades de ANSES y el desmantelamiento de las dotaciones en buena parte del Estado. En el caso de la vuelta de un gobierno ya ni siquiera progresista, al menos estatalista, ¿por dónde hay que empezar a recuperar esas capacidades? 

Es súper difícil la pregunta, lo que digo es… 

Tal vez la pregunta no se trate de recuperar, de volver atrás, sino de por dónde configurar un nuevo Estado.

Todavía no estamos viendo la dimensión de todo lo que se perdió. Hay una pérdida de distintos tipos de capacidades. De saberes profesionales, saberes técnicos, de las personas que habitaban el Estado durante un montón de tiempo y sabían hacer su trabajo. Después hay un montón de pérdida informacional por parte del Estado; se ha dejado de producir un montón de información de, por ejemplo, el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), de informaciones sobre violencia de género, entre tantos otros. Eso afecta la legibilidad estatal. Es decir, que el Estado pueda leer la sociedad que tiene por delante para intervenir. 

Me preocupa que, efectivamente, se va a recibir a un Estado con menos capacidades administrativas en un sentido amplio. Además, con nuevas problemáticas y otros temas que ya son estructurales, en relación con los ingresos, la pobreza. Pero eso se cruza con el fuerte cuestionamiento al rol del Estado; y en especial a que el Estado intervenga en la cuestión social y en la resolución de las desigualdades. Los futuros gobiernos deberían poner un ojo en esa amplia sensibilidad antiestatalista. Estamos frente a un combo muy complejo de resolver, pero una de las claves es seguir indagando e investigando estas nuevas sensibilidades sociales.

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