En la Argentina actual, cada vez más gente anda con lo puesto. Y sin carnet de la obra social, la tarjeta de la prepaga o la afiliación a la mutual. Son millones los que quedan desamparados frente a la enfermedad. Un informe del Instituto Argentina Grande pone números al colapso del sistema de salud. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, exactamente 1.246.285 personas pasaron a depender de manera exclusiva del sistema de salud pública. Se trata de un proceso de movilidad social descendente que satura los pasillos de las salas de primeros auxilios y de los hospitales provinciales y nacionales.

El mapa del fenómeno muestra que la problemática avanza sin distinguir geografías, aunque se agrava en especial en los centros urbanos y en los territorios castigados por la recesión. En el Gran Buenos Aires, la población sin cobertura de salud privada pasó del 30,8% al 35,9%. En Cuyo escaló del 34,3% al 38%. En la Patagonia trepó del 21,5% al 23,4%. El Norte Grande sigue ofreciendo los indicadores más complicados: en el Noreste Argentino (NEA), el 46,3% de los habitantes ya no cuenta con ningún tipo de cobertura privada o sindical. Casi la mitad de la población tiene como único punto de salvaguarda el hospital público.

Si se mira aglomerado por aglomerado, los saltos porcentuales son directamente dramáticos. En el sur profundo, el aglomerado Ushuaia-Río Grande registró un aumento del 47,1% en la cantidad de personas sin prepaga u obra social. En Viedma-Carmen de Patagones el crecimiento fue del 40,1% y en el Gran Catamarca alcanzó el 21,8%. Ciudades con dinámicas económicas heterogéneas que comparten, sin embargo, el mismo diagnóstico de época: la pérdida de trabajo formal y el repliegue del bienestar social.

El estudio cruza los datos del costo de vida con la destrucción del trabajo. Según las aperturas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el precio de las empresas de medicina prepaga se disparó un 475%, en un contexto donde la inflación acumulada fue del 329%. La desregulación salvaje del sector actuó como un filtro expulsivo para las clases medias empobrecidas.