Según referentes de la oposición política mendocina y la  APDH Mendoza, la elección de Riili no es casual sino que “responde a una decisión política orientada a profundizar la criminalización de la protesta social en Mendoza”.

El viaje y la capacitación se inscriben en un esquema más amplio que, según el medio que difundió originalmente la información, busca consolidar un “andamiaje estatal para disciplinar la protesta” a fin de incorporar doctrinas de seguridad que equiparan la movilización social con amenazas terroristas.

Esta información sobre quien comanda y controla la fuerza policial de Cornejo, fue recientemente dada a conocer por El Otro diario, aunque los hechos ocurrieron a fines del año pasado, y viene a completar el “plan” llevado adelante por la provincia de Mendoza. A la par de esta formación, avanzan en la provincia una serie de reformas legales. La modificación de la Ley 6722, aprobada en el Senado, amplía las facultades policiales y redefine el concepto de “peligro inminente”, habilitando un uso más amplio de armas de fuego. El proyecto, impulsado por legisladores oficialistas, también incorpora un artículo que impediría sanciones administrativas a efectivos hasta que exista sentencia judicial firme.

Desde la oposición, la senadora Adriana Cano cuestionó tanto el contenido como el origen de la iniciativa: “Nos pareció raro que no fuera enviada por el Ejecutivo. Hay un vacío en cuanto a la responsabilidad política de las consecuencias que va a traer esta ley”. Además, advirtió que la reforma genera “una ambigüedad total respecto a cuál es el tipo penal”.

El paquete de medidas se completa con el uso de pistolas Taser, incluso en manos de preventores municipales. Los organismos internacionales de derechos humanos han advertido sobre los riesgos del uso de este tipo de armas que, aunque presentadas como “no letales”, implican riesgos incluyendo la posibilidad de causar la muerte.

En paralelo, el Código Contravencional y la judicialización de manifestantes refuerzan el control sobre la protesta. Según la organización Xumek, lo que se busca son “proyectos que tiendan a darle más herramientas a la policía en materia de represión, de detención y de mantener a las personas privadas de la libertad”. Actualmente, más de 40 personas se encuentran imputadas por acciones vinculadas a la defensa de bienes comunes, en un escenario que evidencia la articulación entre poder político y sistema judicial.

Para las Asambleas por el Agua y Defensa de los Bienes Comunes, este conjunto de políticas configura “un modelo orientado a disciplinar a quienes luchan”. En palabras de la senadora Cano esto ocurre en particular frente al rechazo social a la megaminería. Sin embargo, sostiene que, pese al endurecimiento de las medidas, “hay un pueblo que se moviliza y demuestra en las calles que estos proyectos no cuentan con consenso social”.

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