En un acto cargado de simbolismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, realizó el tradicional lavatorio de pies a personas con discapacidad en el Hogarcito Don Orione de la capital mendocina. El gesto no fue solo litúrgico, sino una forma de visibilizar a quienes hoy están en el centro del ajuste.

“Se nota el incremento del número de personas que piden asistencia”, afirmó Colombo, quien aclaró que el posicionamiento de la Iglesia no busca ser una “oposición política”, sino una defensa del bien común. Según el arzobispo, mientras algunos indicadores económicos muestran crecimiento en ciertos sectores, la realidad en los barrios y en los centros de asistencia muestra un «decaimiento grande de las obras”.

El titular del organismo que reúne a todos los obispos argentinos elevó el tono de su preocupación por la realidad social, calificándola como “muy complicada”, especialmente en los grandes centros urbanos. Si bien el diagnóstico de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abarca el aumento de la pobreza y la creciente demanda en los comedores de Cáritas, el foco de alarma principal se centró en un sector crítico: las instituciones de atención a personas con discapacidad.

En medio de las celebraciones de Semana Santa, Colombo lanzó una dura advertencia sobre la situación social del país, haciendo especial hincapié en la crisis terminal que atraviesan las instituciones dedicadas a la discapacidad. El arzobispo de Mendoza denunció que las prestaciones por discapacidad sufren un retraso sistemático en los pagos que se arrastra desde finales de 2025. Esta asfixia financiera afecta directamente a lugares emblemáticos como los Cotolengos de Don Orione, que dependen de los aportes estatales para pagar sueldos de profesionales y mantener sus estructuras.

“No queremos desentendernos de los más vulnerables”, expresó Colombo, al mismo tiempo que subrayó que el testimonio de Jesús interpela a toda la comunidad a no dejar a nadie al margen: “Nadie en el corazón de Jesús dejó de tener su lugar”

Con sesenta años de trayectoria en Mendoza, el Hogarcito Don Orione enfrenta serias dificultades económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus servicios. La problemática se ha profundizado en los últimos meses debido a demoras en los pagos y al atraso en los aranceles establecidos por la ley de Emergencia en Discapacidad.

La carta de los obispos al Ministro de Salud

“La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, había señalado esta semana la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal en una misiva dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones.

Los puntos clave del reclamo apuntan al desfasaje arancelario, ya que se estima un retraso cercano al 40% en los valores de las prestaciones reguladas por la ley 24.901; y a la deuda estatal que mantiene organismos como PAMI e Incluir Salud e impiden cubrir necesidades básicas: alimentación, medicamentos y transporte.

En este contexto, crece el riesgo de cierre de muchas instituciones y centros asistenciales. Desde el sector advierten que, de no regularizarse los fondos, se verán obligados a reducir servicios o cerrar sus puertas definitivamente.

Desde la Conferencia Episcopal instaron al gobierno nacional a “desarmar las palabras” y bajar los niveles de confrontación para enfocarse en la gestión de la emergencia. Para la Iglesia, la atención a los más frágiles no puede esperar los tiempos de la macroeconomía: «Suplicamos una respuesta concreta, visible y urgente», concluye el comunicado, dejando en claro que la estabilidad de este sector es, hoy, una cuestión de derechos humanos fundamentales.

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