Salud mental en la Ciudad de Buenos Aires: violencia institucional y hospitales monovalentes

A más de una década de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la persistencia de los hospitales monovalentes en la Ciudad de Buenos Aires expone las resistencias institucionales a un modelo basado en derechos humanos. La violencia institucional, el encierro prolongado y la moralización del cuidado revelan las tensiones entre la letra de la ley y las prácticas estatales que aún vulneran derechos.

Por Adelqui Del Do

En memoria de Matías Carbonell

Violencia institucional: una deuda persistente de la democracia

La transición democrática en la Argentina no se limitó al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Implicó e implica aún la obligación de interpelar las violencias ejercidas por el propio Estado en democracia. En este marco, la violencia institucional constituye una de las deudas más persistentes del orden democrático, en tanto expresa formas sistemáticas de vulneración de derechos que afectan de manera selectiva a los sectores más precarizados de la población.

Lejos de tratarse de hechos excepcionales, estas violencias se despliegan en dispositivos estatales cotidianos, fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, sistema de salud, adoptando modalidades específicas según el campo institucional. En el ámbito de la salud mental, la violencia institucional adquiere rasgos particulares al articular prácticas de encierro, medicalización del castigo y moralización del sufrimiento, produciendo un daño que no es solo clínico, sino también político y social.

De la denuncia social a la categoría político-sanitaria

El concepto de violencia institucional se construyó históricamente a partir de las luchas de familiares, organismos de derechos humanos y colectivos sociales. Desde las denuncias por “gatillo fácil” en los años ochenta y noventa, pasando por la visibilización del universo carcelario, hasta la incorporación de los abusos en instituciones de salud, la noción se amplió para dar cuenta de prácticas que exceden la violencia física directa y remiten a entramados de poder naturalizados.

Un punto de inflexión lo constituyó el informe Vidas arrasadas (CELS, 2008), que documentó violaciones sistemáticas a los derechos humanos en hospitales psiquiátricos monovalentes: sujeciones mecánicas y químicas, aislamiento prolongado, negligencia grave y arrasamiento subjetivo. Estas instituciones no funcionaban como espacios terapéuticos, sino como dispositivos de control sobre cuerpos considerados peligrosos o descartables.

La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) intentó revertir este paradigma, estableciendo la excepcionalidad de la internación, la centralidad de los dispositivos comunitarios y un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, más de una década después, los hospitales monovalentes, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, continúan operando como núcleos duros de resistencia al cambio.

El caso Matías Carbonell: violencia institucional e impunidad

Semanas antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, Matías Carbonell murió en el Hospital General de Agudos J. M. Penna, luego de haber atravesado numerosas internaciones y de permanecer desde 2009 internado en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Los médicos que lo recibieron denunciaron que su cuerpo presentaba lesiones compatibles con la aplicación de corriente eléctrica y otras formas de tortura.

Se documentó que Matías fue sometido a maltratos sistemáticos durante su internación en el servicio 14-22 del Hospital Borda, un espacio conocido como lugar de castigo, sobre el que pesaba una medida cautelar de cierre por las condiciones inhumanas y degradantes en las que se encontraban las personas allí internadas. Estas prácticas ya habían sido advertidas por organismos de derechos humanos, sin que las autoridades adoptaran medidas eficaces.

El servicio 14-22 acumulaba denuncias y una reputación siniestra. En el marco de la investigación por la muerte de Carbonell, un allanamiento reveló que entre 2009 y 2010 murieron 46 personas internadas en el Borda, fallecimientos que, como suele ocurrir en contextos de encierro, no fueron debidamente investigados. La Procuración contra la Violencia Institucional señaló graves irregularidades, entre ellas la ausencia de historias clínicas completas. El cierre del servicio se concretó recién en abril de 2011.

Matías había sido elegido delegado por sus compañeros e impulsaba reclamos por mejores condiciones de internación. Todo indica que fue castigado por resistir, por organizarse y por defender a otros. El juicio por su muerte solo llegó a instancia oral por el empuje de su familia y la querella, con un Ministerio Público Fiscal que desoyó sistemáticamente a las víctimas. Finalmente, los imputados fueron sobreseídos. Su muerte, como tantas otras, permanece impune.

En el marco de la investigación por la muerte de Carbonell, un allanamiento reveló que entre 2009 y 2010 murieron 46 personas internadas en el Borda, fallecimientos que, como suele ocurrir en contextos de encierro, no fueron debidamente investigados. La Procuración contra la Violencia Institucional señaló graves irregularidades, entre ellas la ausencia de historias clínicas completas. El cierre del servicio se concretó recién en abril de 2011.

Hospitales monovalentes en la Ciudad de Buenos Aires: persistencias y abandono

El Informe de Salud Mental del CELS Y ACIJ (2025) ofrece un diagnóstico contundente sobre la situación de los hospitales monovalentes porteños Borda, Moyano y Tobar García donde persisten internaciones prolongadas sin proyectos terapéuticos individualizados ni criterios clínicos actualizados.

El informe señala déficits estructurales persistentes: deterioro edilicio, escasez de recursos humanos, prácticas de aislamiento injustificado, restricciones al derecho a la comunicación y ausencia de dispositivos alternativos suficientes para el egreso. A ello se suma una tendencia preocupante: el uso del hospital psiquiátrico como respuesta residual frente a conflictos sociales, crisis habitacionales o situaciones de extrema vulnerabilidad.

En este contexto, el encierro psiquiátrico opera como una forma de gestión de la pobreza y del sufrimiento social, desplazando la responsabilidad estatal desde las políticas públicas integrales hacia dispositivos de control.

La moralización de la asistencia: cuando el cuidado juzga

Uno de los aportes centrales del informe de ACIJ y el CELS (2025) es la identificación de procesos de moralización de la asistencia en salud mental. Esta lógica no se expresa solo en actos explícitos de maltrato, sino en valoraciones implícitas que condicionan la intervención profesional.

Moralizar la asistencia implica leer el padecimiento desde categorías morales antes que clínicas: “no colabora”, “es peligroso”, “no merece”. Esta mirada legitima prácticas de desubjetivación, omisiones graves, registros incompletos y ausencia de denuncias.

En los últimos años, esta lógica se profundizó con propuestas orientadas a judicializar las internaciones involuntarias, desplazando la decisión clínica hacia el Poder Judicial. Lejos de resolver la crisis, esta tendencia refuerza una lógica punitiva que sustituye la clínica por el expediente y el cuidado por la sospecha.

Violencia institucional y lazo social

La violencia institucional no solo produce daños individuales profundos, sino que erosiona el lazo social. Genera desconfianza en las instituciones, naturaliza la desigualdad y consolida la idea de que para ciertos sectores la violencia es un destino inevitable. Cuando el Estado se convierte en fuente de daño, el trauma adquiere una dimensión colectiva.

Casos como el de Matías Carbonell, o el de Jorge Marcheggiano, muerto por una jauría de perros dentro del predio del Hospital Borda en circunstancias evitables, no son anomalías, sino advertencias persistentes.

La persistencia de este modelo resulta especialmente grave si se considera que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país. Aun así, no ha desarrollado una política sostenida y efectiva para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, y continúa apostando al sostenimiento de los hospitales monovalentes como eje del sistema. Esta inercia contrasta con los procesos de reforma impulsados en distintas provincias, que, con recursos sensiblemente menores, avanzaron en el cierre o la reconversión de dispositivos asilares y en la construcción de redes comunitarias.

A casi veinte años de la publicación del informe Vidas arrasadas (CELS, 2008), la situación de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires presenta continuidades estructurales alarmantes: el encierro prolongado, la precariedad institucional y la vulneración sistemática de derechos siguen siendo rasgos dominantes del sistema público porteño.

En un sentido opuesto, la Provincia de Buenos Aires viene desarrollando, un proceso de reforma del sistema de salud mental orientado a la adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental, con eje en la sustitución del modelo manicomial, el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y la integración de la atención en los hospitales generales. A través de la ampliación de equipos territoriales, de casas de convivencia y dispositivos de externación, y de la redefinición del rol de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales, la política sanitaria bonaerense ha desplazado el eje del encierro hacia estrategias de cuidado en la comunidad. La experiencia de la Provincia de Buenos Aires muestra que la transformación del modelo es posible cuando existe decisión política y una orientación explícita hacia un enfoque de derechos humanos.

A casi veinte años de la publicación del informe Vidas arrasadas (CELS, 2008), la situación de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires presenta continuidades estructurales alarmantes: el encierro prolongado, la precariedad institucional y la vulneración sistemática de derechos siguen siendo rasgos dominantes del sistema público porteño.

Desmoralizar el cuidado, democratizar la salud mental

Erradicar la violencia institucional en salud mental exige más que reformas normativas. Implica desmontar la moralización de la asistencia, transformar prácticas profesionales y garantizar políticas públicas que prioricen el cuidado por sobre el encierro.

El cierre progresivo de los hospitales monovalentes, el fortalecimiento de dispositivos comunitarios, la formación obligatoria en derechos humanos y la restitución del rol sanitario del Estado constituyen condiciones mínimas para una salud mental democrática.

Defender la salud mental como derecho humano no es una consigna abstracta: es una definición política que expresa qué vidas importan y cómo una sociedad decide cuidar o abandonar a quienes sufren. En esa decisión se juega, de manera decisiva, la calidad de nuestra democracia.

Adelqui Del Do es Psicólogo. Especialista en Psicología Clínica. Docente de grado y posgrado. Integrante del Tribunal de Ética de APBA. Comisión Directiva de Feduba. Miembro fundador de Enclaves.

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