La desocupación en Argentina cerró el cuarto trimestre de 2025 en el 7,5%, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales en términos interanuales según los datos oficiales del INDEC. Esta cifra cobra una dimensión dramática cuando se analiza el territorio: en grandes centros urbanos como el conurbano bonaerense, Mar del Plata y el Gran La Plata, el desempleo ya alcanza el 9,5%. El impacto es especialmente severo entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, donde la falta de oportunidades creció tres puntos en apenas un año, llegando al 16,8%. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo afecta a 126.000 personas, con una precariedad laboral creciente donde el 12,7% de los trabajadores activos busca desesperadamente otro empleo porque lo que gana no le permite cubrir sus necesidades básicas.

Esta realidad viene generando un giro en la preocupación social. Según los últimos relevamientos de las principales consultoras, el foco de la sociedad se desplazó de las grandes variables teóricas a una angustia en la economía real: la insuficiencia de los ingresos y el temor concreto al despido. El “no hay plata” que el gobierno de Javier Milei instaló como una mística de sacrificio temporal está chocando con el límite de la supervivencia diaria. Hoy, los bajos salarios y la dificultad para llegar a fin de mes son el centro de una crisis que combina el retraso sistemático de los ingresos con un endeudamiento creciente de las familias para comprar lo más elemental.

El panorama se agrava con el cierre de grandes empresas como FATE y el despido de miles de trabajadores, un golpe que destruye no solo familias, sino proyectos de vida y años de oficio. En los dos primeros años de la gestión libertaria cerraron más de 22.000 empresas de todo tamaño. El fenómeno de la desindustrialización se acelera porque el Gobierno decidió abrir las importaciones, sin reglas ni racionalidad, forzando a las plantas de producción a convertirse en simples importadoras. Este escenario de apertura “a lo bestia” ignora que el Estado debe regular y buscar un equilibrio para que la producción nacional tenga un horizonte claro frente a la recesión.

En este contexto, la reforma laboral fue una verdadera oportunidad perdida. En lugar de debatir qué tipo de empleo necesita la Argentina moderna para generar trabajo de calidad de forma masiva, la ley no propuso incentivos reales para la incorporación de nuevos trabajadores. Es urgente entender que sectores como el petróleo o la minería, aunque crecen y son necesarios, no tienen la capacidad de generar empleo masivo para los millones que hoy están fuera del sistema. 

El desarrollo no es un derrame natural, es una construcción política y social que requiere potenciar los cinco motores que sí pueden mover la aguja del empleo: la construcción a través de la urbanización de barrios, la producción de alimentos, la industria textil, el reciclado y la economía del cuidado.

Vivimos hoy en una sociedad de dos velocidades. Mientras una minoría vuela en sectores dinámicos, dos tercios de la población quedan a la deriva viendo cómo caen las “changas”, vuelve el sistema de cuotas con devoluciones diarias y se reduce incluso el consumo de leche. No se trata de volver a un modelo de Estado asfixiante que ya mostró sus límites, pero tampoco de dejar que el mercado acomode las piezas a su antojo, dejando a la mayoría afuera. 

El verdadero desafío es lograr una estabilidad económica que se mida con la gente adentro, mediante un Estado inteligente que promueva la inversión, facilite el crédito no bancario para desendeudar a las familias y proteja el ingreso de cada trabajador. Solo así pasaremos de la fractura social a una nación que genere un nuevo horizonte de futuro.

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