La inflación de febrero marcó un 2,9%: es el termómetro de una asfixia que se traslada de modo directo a la mesa familiar y a las facturas que llegan por debajo de la puerta. Estamos viendo una pinza peligrosa. Por un lado, la categoría que lideró los aumentos fue vivienda, agua, electricidad y gas (6,8%). No es un gasto opcional: es el costo de existir bajo un techo. La poda de subsidios y el reordenamiento de tarifas están impactando con una fuerza tal que los “costos fijos” dejaron de ser un renglón más para transformarse en el principal verdugo del poder adquisitivo de los argentinos.

Si a la suba de los servicios públicos se le suma que alimentos y bebidas trepó un 3,3% (impulsado otra vez por la carne), el escenario para los hogares se vuelve crítico. Cuando lo que más sube es lo que no se puede dejar de consumir, el margen de maniobra desaparece.

Los regulados estuvieron al frente. Con un alza del 4,3%, los precios que dependen de la firma oficial (tarifas) son los que empujan el promedio general. Y el acumulado del 33,1% en los últimos doce meses pone a prueba cualquier paritaria, dejando la sensación de que siempre se corre de atrás.

Esta estructura de aumentos genera un fenómeno corrosivo: la presión en el bolsillo ya no se resuelve solo recortando salidas o consumos superfluos (de hecho, “prendas de vestir” se mantuvo en 0% porque nadie está comprando ropa). El problema es que, al no poder recortar la luz o la comida, las familias están recurriendo al endeudamiento.