Cuando los intendentes salieron de la reunión convocada por el gobernador Axel Kicillof se llevaron dos certezas: la primera es que el diagnóstico de sus territorios —donde las necesidades básicas golpean la puerta cada mañana—  se refleja en las arcas de la provincia, y la segunda es que quien esté dispuesto adherirse al reclamo judicial, va a cobrar. 

La provincia de Buenos Aires exige ante la Corte Suprema por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo de Seguridad y los subsidios al transporte que le debe el gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo nacional apuesta a la asfixia financiera. Y ésta es la forma que encuentra el gobernador de decirle a los intendentes que se va coparticipar cada peso que se recupere, pero que la única verdad es la realidad. 

Así las cosas, mientras blanquea números, Kicillof ratificó que el 30 de abril se transferirá la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), gracias a una reciente autorización de endeudamiento que le dará liquidez.

Los datos que arrojó el Ministerio de Economía provincial dibujan una caída libre que no parece encontrar piso. En enero de este año, solo se usó el 53,6% de la capacidad instalada de la industria, el porcentaje más bajo de la década. Este parate significa que desde el 10 de diciembre de 2023 cerraron sus puertas casi 22.000 empresas en territorio bonaerense: un promedio de siete por día. Ante este panorama, la gestión de Kicillof formalizó el estado de emergencia económica de la provincia y sus municipios hasta el 31 de marzo de 2027.

Pero el informe oficial destaca que la crisis ya no es solo macroeconómica, sino que se siente en el consumo diario y en la estabilidad financiera de las familias. Las ventas en supermercados se desplomaron un 9,3%; y la morosidad de las familias alcanzó el 10,6%, el nivel más alto en 20 años. Otro dato es que el IVA, termómetro directo del consumo, cayó un 14,5% en términos reales. Es el principal motor de la recaudación propia que luego se distribuye a las comunas.

Los intendentes lo saben mejor que nadie. Viven, trabajan, se mezclan entre sus vecinos. Para Javier “Chapa” Gastón, intendente de Chascomús, estar presente o no es una señal política también. “Éramos paisanos de distintas tranqueras: del PRO, radicales, peronistas, vecinalistas. Pero la sensación es que estamos al horno con papas, una situación muy complicada”, graficó.

Para Gastón, el problema es estructural y terminal. “Todos estamos atravesados por lo mismo, la caída de la coparticipación. En el caso de Chascomús, el 60% del presupuesto es coparticipación”, explica. Pero lo que más le preocupa es la “línea de fuego” de la asistencia social: para cualquier vecino, el municipio es la primera puerta donde ir a reclamar. 

“La demanda espontánea está al rojo vivo. Tenemos un crecimiento de más del mil por ciento en este último año y medio en lo que es asistencia alimentaria, de medicamentos y sanitaria. El hospital municipal es el único sector de salud con internación que hay en el distrito; la gente que antes solucionaba sus problemas en lo privado, ya no puede hacerlo. Tenemos mayor demanda de pago de alquiler, de factura de luz. Eso va creciendo mes a mes con recursos finitos”, ejemplifica.