Argentina / 29 marzo 2026

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En el histórico juicio por fumigaciones, el tribunal inspeccionará los barrios afectados en Pergamino

Los jueces realizarán una inspección directa en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad de esa ciudad bonaerense. Recorrerán el territorio afectado por fumigaciones sistemáticas en la causa que investiga daño genético y contaminación. El juicio se encamina a los alegatos finales en abril.

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Tres jueces federales caminarán por distintos barrios de Pergamino en el marco de la causa “Cortese y otros s/envenenamiento”, donde se investiga la responsabilidad de productores y exfuncionarios por daño genético y contaminación ambiental. Se trata del juicio federal que investiga la contaminación con agroquímicos en esa ciudad bonaerense. 

En la audiencia de este 26 de marzo, el Tribunal Oral Criminal Federal N°2 de Rosario aceptó un pedido de la querella para realizar una inspección judicial directa en el territorio donde decenas de familias sufrieron los coletazos de las fumigaciones con agrotóxicos. Los jueces Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodrigues Da Cruz hicieron lugar al pedido de Sabrina Ortiz referente y querellante de la causa, quien solicitó a través de sus abogados la inspección judicial en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad para que observen de primera mano el escenario el territorio de sacrificio en el que los denunciantes fueron expuestos sistemáticamente a fumigaciones ilegales.

Ortiz lo calificó como un “hecho histórico para los juicios ambientales». La referente explicó que “los jueces bajarán de su estrado para caminar por las calles y observar con sus propios sentidos lo que padecemos desde hace tanto tiempo. Las víctimas de este modelo agrícola que deja enfermos y muertos de a centenares cada año en los pueblos fumigados del país”. 

Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de apoyo comunitario para sostener el proceso. Desde el comienzo del juicio, deben cubrir los gastos de logística y traslados de los abogados para llevar adelante “esta lucha que excede a Pergamino” y que afecta a buena parte del territorio nacional. “Es la realidad de miles de personas sometidas de manera sistemática a vivir en estas zonas de sacrificio”, dijo y compartió su alias: causa.pergamino (cuenta a nombre de Sabrina del Valle Ortiz).

Sabrina Ortiz destacó que los jueces bajarán de su estrado para caminar por las calles y observar con sus propios sentidos “lo que padecemos desde hace tanto tiempo”. Y advirtió que este modelo agrícola deja “enfermos y muertos de a centenares cada año en los pueblos fumigados del país”.

La causa unifica hechos ocurridos entre 2011 y 2020, y en el banquillo de los acusados se encuentran nueve personas. Siete productores y técnicos enfrentan cargos bajo la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes contaminen de modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone. Y dos exfuncionarios municipales: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no ejercer los controles pertinentes.

Durante las audiencias de marzo, el testimonio de la toxicóloga Verónica Torres fue clave. La especialista confirmó el hallazgo de valores alarmantes de glifosato y AMPA en la sangre de niños de la zona y desarticuló uno de los argumentos centrales de las defensas: la supuesta inocuidad de los productos de «banda verde». Explicó que, aunque su toxicidad aguda sea baja, la exposición crónica representa un riesgo crítico para el desarrollo infantil, vinculándose con casos de leucemia, cáncer y daño genético reportados por los vecinos.

El juicio también dejó en evidencia la tensión institucional. Mientras efectivos de la policía bonaerense alegaron «falta de memoria» sobre los operativos, los agentes de la Policía Federal (Mondedoro, Melo y Galarza Puig) aportaron datos contundentes y relataron haber sufrido irritación en la piel y garganta durante las inspecciones judiciales. 

Luego de las audiencias finales de marzo, el tribunal entrará en la etapa de alegatos de cierre en abril. Se prevé que la sentencia se dicte antes de fin de ese mes. Podría marcar un antes y un después en la regulación del modelo agrícola. Y sentar un precedente histórico para la protección de los pueblos fumigados en Argentina.

 

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