Con el escrutinio inconcluso por problemas de logística a los que se han sumado impugnaciones, las autoridades electorales informan que no habrá resultados definitivos hasta la primera quincena de mayo. Dada la estrecha diferencia de votos entre los candidatos ubicados en el segundo y tercer lugar no se podrá determinar hasta entonces quiénes participarán de la segunda vuelta el 7 de junio. El progresista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López aspiran a disputar la presidencia con Keiko Fujimori, la candidata más votada.

Redacción 4Palabras

Las elecciones presidenciales que se realizaron en Perú el pasado 12 de abril aún no tienen un resultado definitivo por demoras en el escrutinio. Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya confirmó que la candidata conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibió el mayor caudal de votos (17,056%) esa suma resulta insuficiente para obtener la presidencia que, de acuerdo a la legislación peruana, exige por lo menos el 50% de los sufragios. Con el 93,84% de los votos totales escrutados Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,006%, se ubica en el segundo lugar y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el tercero con 11,938%. Uno de estos dos últimos será quien tenga la posibilidad de acceder a la segunda vuelta el próximo 7 de junio, pero dada la estrecha diferencia ello no podrá definirse hasta tanto no se complete el escrutinio definitivo.

Ninguno de los restantes 32 candidatos presidenciales tiene posibilidades de llegar al segundo lugar y pasar a la segunda vuelta.

Hasta el momento la diferencia entre los dos candidatos que siguen a Fujimori es de apenas de aproximadamente trece mil votos (1.891.906 para Sánchez y 1.878.493 para López Aliaga) lo que no permite confirmar la supremacía de ninguno de los dos, entre otras cuestiones porque se encuentran en curso impugnaciones y pedidos de nulidad.

Ante esta situación Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones informó que solo a mediados de mayo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones presidenciales 2026 y apenas entonces quedarán definidos los candidatos que pasarán a la segunda vuelta el 7 de junio próximo.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta”, afirmó Clavijo.

La clave de la resolución radica en que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas, con pedidos de nulidad y con impugnación de votos, que no son contabilizadas hasta que se determine si son válidas o no.

“En promedio los jurados electorales especiales se están demorando 3 días (en resolver actas) porque estas actas vienen en físico. Debemos escanearlas, generar los expedientes respectivos, proceder a su análisis, que se generen resoluciones, que sean notificadas válidamente, que queden consentidas porque pueden ser apeladas y recién en ese momento pueden ser devueltas a las oficinas descentralizadas para que prosigan con la contabilización de los votos”, dijo la secretaria general del JNE.

Hasta el momento la diferencia entre los dos candidatos que siguen a Fujimori es de apenas de aproximadamente trece mil votos (1.891.906 para Sánchez y 1.878.493 para López Aliaga) lo que no permite confirmar la supremacía de ninguno de los dos, entre otras cuestiones porque se encuentran en curso impugnaciones y pedidos de nulidad. La clave de la resolución radica en que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas, con pedidos de nulidad y con impugnación de votos, que no son contabilizadas hasta que se determine si son válidas o no.

Se han presentado 85 impugnaciones ante las autoridades electorales que incluyen desde anulaciones parciales sobre mesas específicas hasta reclamos para la anulación total del acto electoral en jurisdicciones concretas. Cada expediente se somete a análisis por los jurados electorales especiales, órganos competentes en primera instancia, antes de cualquier posibilidad de apelación al pleno del JNE. “Todas están siendo evaluadas conforme al procedimiento previsto en la normatividad. Ellos son los competentes en primera instancia de resolver estos pedidos… y tengan la seguridad de que se van a publicar los resultados y también pueden ser apelados”, explicó Roberto Burneo presidente de la Junta Nacional Electoral.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, solicitar facultades especiales para investigar las presuntas irregularidades durante las elecciones de 2026. La decisión se tomó con 11 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. El objetivo es que este grupo parlamentario pueda actuar como comisión investigadora y analizar lo ocurrido en el proceso electoral del 12 de abril.

El grupo de trabajo legislativo plantea indagar no solo el desarrollo de la jornada electoral, sino también los hechos vinculados a la demora y a la no instalación de mesas de sufragio en distintas zonas del país. Estos problemas generaron cuestionamientos sobre la organización del proceso.

La iniciativa busca ampliar las facultades de la comisión para que pueda solicitar información, convocar a funcionarios y revisar decisiones administrativas. Entre los puntos clave se encuentra el desempeño del ente encargado de la organización electoral, cuyas fallas han sido señaladas por diversos actores políticos tras los comicios.

Roberto Sánchez (Junto por el Perú) se presenta como continuador del ex presidente progresista Pedro Castillo destituido de su cargo el 7 de diciembre de 2022 acusado de intentar un «autogolpe» de Estado y determinar la disolución del Congreso. En esa ocasión con 101 votos a favor, el Congreso aprobó la vacancia por “incapacidad moral” del presidente, tras lo cual Castillo fue detenido y posteriormente condenado a 11 años de prisión por conspiración.

Sánchez, nacido en 1969, es psicólogo y magíster en Políticas Sociales. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Desde 2021 se desempeña como congresista por Juntos por el Perú y desde 2024 es representante legal de su partido. Durante el debate presidencial, Roberto Sánchez expuso un programa centrado en el fortalecimiento de la educación pública y la democratización de derechos sociales y económicos. Propuso el ingreso libre a la educación superior. Además, se comprometió a aumentar el presupuesto del sector educación del 6 % al 10 % del PBI en un plazo de cinco años, declarando en emergencia el sistema educativo.

Rafael López Aliaga, conocido popularmente como “Porky», nació en Lima en 1961 y se postula por segunda vez consecutiva a la Presidencia de la República con su partido Renovación Popular. Es ingeniero industrial y obtuvo el título de magíster en Administración. Como empresario, fundó y lideró compañías en sectores como turismo, finanzas, transportes, energía y bienes raíces, en proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

López Aliaga es una figura ultraconservadora y durante la campaña anunció la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la declaración de la educación como un derecho fundamental consagrado en la Constitución. En materia de políticas públicas, propuso un centro nacional de planeamiento y evaluación de impacto para sustentar las decisiones estatales en evidencia científica.

La extensión del proceso de escrutinio agrega un grado más de incertidumbre a la vida política de Perú cuya presidencia cambió de manos ocho veces en los últimos diez años.

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