El rompecabezas de los caminos rurales: demanda a municipios y el vacío que deja la Nación

Mientras avanza la cosecha gruesa, el histórico reclamo por los caminos rurales tensa al máximo la relación entre productores y municipios. Mientras tanto, el Gobierno nacional, que percibe los beneficios del agro, abandona su infraestructura básica: rutas detonadas y falta de inversión total.

Gustavo Porfiri

“Creo que la principal problemática son los caminos”. La frase, palabra más, palabra menos, es repetida por productores, asesores agrónomos, transportistas y varios actores más involucrados en la cosecha gruesa que está en pleno desarrollo en la provincia de Buenos Aires, donde la red vial supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra que conectan los lotes de producción con las plantas de acopio o con las terminales portuarias.

Esta problemática recurrente se hace cada vez más visible después de una lluvia abundante, cuando el tránsito se vuelve casi imposible pues, luego de que se reanudan las labores de trilla, los transportes deben retirar la mercadería rápidamente. Los primeros camiones pasan, pero dejan los caminos intransitables para los que vienen detrás. Y ahí es cuando se agotan los recursos -casi siempre municipales- para recuperar las carreteras; no hay máquina ni tiempo que alcance.

Este asunto ha tenido en los últimos meses varios desenlaces. Por un lado, apareció la novedad de acciones judiciales emprendidas por parte de los productores hacia los municipios con el criterio de que pagan una tasa por la que no reciben contraprestación. Así ocurrió en distritos como Daireaux y Azul, los que se sumaron a un antecedente relevante ocurrido en Carlos Casares. Allí, la Justicia le dio la razón a la productora Andrea Passerini, declarando la ilegitimidad del cobro de la tasa vial municipal por no comprobar la prestación del servicio correspondiente.

En Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, un grupo de productores lograron también un fallo favorable de la Justicia, la que obligó al municipio a que informe qué afectación han tenido los fondos provenientes de la tasa vial. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, Pablo Germain, sentenció: “En materia de acceso a la información pública rigen los principios de informalidad, celeridad y gratuidad”.

En la otra punta del mapa provincial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó otro fallo de fuerte impacto, y en el mismo sentido, contra el municipio de Baradero, al que le ordenó entregar información clave sobre su administración y la gestión de los recursos de la tasa en cuestión.

Sin llegar a los juzgados, en Olavarría, los ediles del PRO y Juntos presentaron un proyecto de ordenanza para frenar el cobro de la tasa vial en ese partido.

Por su parte, los intendentes se defienden. El mandatario de Carlos Casares, Daniel Stadnik, explicó en diálogo con Cadena Río FM 88.7: “Nosotros tenemos 2.200 kilómetros de caminos y con la tasa vial los mantenemos. Gastamos tres veces más de lo que recaudamos, porque, además, bajó la recaudación de la tasa vial, porque el productor estaba inundado. Cuando el productor se inunda, los caminos también se cortan, y nosotros tenemos el triple de trabajo”.

Alejandro Acerbo, jefe comunal de Daireaux, dijo respecto del fallo en contra de su municipio: “No refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo”.

En favor de los municipios hay que decir que desde que el Gobierno nacional decidió recortar fuertemente el envío de recursos a la gobernación bonaerense, la coparticipación ha caído abruptamente, resintiendo las arcas municipales de manera significativa e impactando directamente en la prestación de los servicios.

En favor de los municipios hay que decir que desde que el Gobierno nacional decidió recortar fuertemente el envío de recursos a la gobernación bonaerense, la coparticipación ha caído abruptamente, resintiendo las arcas municipales de manera significativa e impactando directamente en la prestación de los servicios.

En este sentido, recientemente el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, reclamando la deuda de $22 billones que mantiene la Casa Rosada con la Provincia.

Ante estas derivaciones judiciales, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se mostró satisfecha. “Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que Carbap viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, afirmó la entidad, y añadió: “La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”.

Recientemente, la filial Nueve de Julio de la Federación Agraria Argentina le acercó a la intendenta del distrito, María José Gentile, un proyecto para la creación de un Consorcio Vial Rural, lo que la entidad entiende como la solución más adecuada a este galimatías.

Según explica el portal Cadena Nueve, la propuesta se centra en “implementar un esquema de gestión participativa que permita aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente, mejorar la planificación y garantizar intervenciones sostenibles en el tiempo”.

Según los federados, la iniciativa responde a una “problemática histórica que afecta directamente a la producción agropecuaria, la educación y la vida cotidiana en las zonas rurales”. Asimismo, se resaltó la importancia de abordar la infraestructura vial de manera integral, incluyendo la gestión hidráulica, un aspecto clave para garantizar soluciones duraderas.

“Representamos a los productores, somos productores, conocemos las dificultades y necesitamos soluciones concretas para poder salir adelante”, afirmaron los referentes de la entidad agraria, quienes están cursando la Diplomatura en Caminos Rurales dictada por el Consejo Federal de Inversiones, formación que fortalece la capacidad técnica de la propuesta.

Esta modalidad de trabajo asociado entre el Estado local y los productores tiene antecedentes muy favorables en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde, desde hace varias décadas, los consorcios vienen dando respuestas adecuadas al mantenimiento de las redes viales rurales.

Durante la primera semana de abril, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó en Chascomús los lineamientos del Plan Director de Caminos Rurales. “Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló el funcionario.

La propuesta se estructura sobre varios ejes centrales. El primero es la georreferenciación de toda la red vial rural del distrito. “Esto implica no solo ubicar cada tramo, sino también realizar un diagnóstico detallado sobre el tipo de suelo y las características de cada camino”, explicó Rodríguez, y remarcó que no todos los caminos presentan las mismas condiciones, especialmente en una zona con particularidades como la cuenca baja del Río Salado.

El segundo eje del plan apunta a establecer recomendaciones claras de mantenimiento. “La idea es definir qué tipo de intervención necesita cada camino y con qué periodicidad: si cada seis meses, un año o dos. Es decir, fijar criterios concretos para sostener la red vial en condiciones adecuadas”, sostuvo el ministro.

Otro componente del proyecto tiene que ver con la estrategia a aplicar. “Muchas veces no es necesario intervenir un tramo completo, sino sectores puntuales donde se concentran los problemas. Por eso el plan va a identificar esos puntos críticos y proponer soluciones específicas”, explicó Rodríguez, y adelantó que se incorporará un análisis hidrológico, clave para entender el comportamiento del agua en cada zona y definir intervenciones adecuadas. “Puede ser la construcción de un puente, un vado de hormigón u otro tipo de obra, pero siempre con respaldo técnico preciso”, detalló.

Una de las patas fuertes de la economía bonaerense, el agro, tiene un obstáculo mayúsculo cuando llegan los momentos críticos de la producción, como lo es la cosecha. Mientras productores, municipios y la Provincia chocan, pero también articulan para solucionar el asunto, el Gobierno nacional brilla por su ausencia, siendo que bien podría asistir a los perjudicados toda vez que se beneficia en buen grado con lo producido en los campos. Pero esto parece imposible cuando la misma gestión nacional ha abandonado por completo las rutas nacionales que hoy se encuentran detonadas.

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