El Ejecutivo nacional oficializó hoy uno de los cambios más significativos en el sistema judicial de las últimas décadas: la baja de la edad de imputabilidad. La nueva ley penal juvenil establece un marco de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, y entrará en vigencia en 180 días para “permitir la adecuación de estructuras judiciales y centros de detención especializados”. 

El régimen fija un tope máximo de 15 años de prisión y prohíbe expresamente la reclusión o prisión perpetua, pero además los padres o tutores serán civilmente responsables por los daños y perjuicios derivados de los delitos cometidos por los menores a su cargo. Además del encierro, se contemplan medidas socioeducativas, amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad y reparación del daño a la víctima.

Para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), se trata de “una reforma regresiva” y cuestionan la celeridad de la promulgación. También denuncia que la reforma se aparta de la Convención sobre los Derechos del Niño y vulnera el principio de “no regresividad”, el cual impide recortar derechos ya adquiridos.

De acuerdo a este organismo, el proyecto presenta contradicciones graves: prevé penas similares a las de adultos y no garantiza que la privación de la libertad sea realmente el último recurso. Además, critican que se establezca un plazo máximo de 15 años de prisión sin hacer distinciones por edad, lo que a su criterio contradice el principio de proporcionalidad.