En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el sacerdote Pablo Molero –coordinador del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad– lanzó una durísima crítica a la gestión oficial. La misiva denuncia una “negación” sistemática oficial contra el sector que pasó de la retórica a medidas concretas que ponen en riesgo la vida y el desarrollo de miles de ciudadanos.

Molero comienza señalando la invisibilización del colectivo en la agenda pública y cuestiona las auditorías impulsadas por el Ejecutivo. “Lamento que en sus discursos no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras”, sostiene y agregó que se tomaron medidas que han “desprestigiado” a las personas con discapacidad.

Sobre los controles a las pensiones, la carta es tajante: “Sus palabras y sus acciones han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad”.

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la situación de los prestadores de servicios (escuelas, centros de día, transportistas), cuyos aranceles han quedado pulverizados por la inflación del último año. Según Molero, el atraso en los pagos por parte de organismos estatales ha llegado a un punto límite: “Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI el último mes que pagó fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera”.

El coordinador del Foro denuncia una contradicción evidente en la gestión de fondos: “El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”.

La carta recuerda la resistencia del gobierno nacional a la ley 27.793 de emergencia en discapacidad. Molero relata que, tras el veto inicial y la posterior ratificación del Congreso, el Ejecutivo intentó suspenderla, alegando falta de recursos, hasta que la Justicia obligó a su ejecución.

Incluso de cara al futuro, el panorama es sombrío. “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”, remarca el texto.

Para finalizar, Molero le recuerda al mandatario sus deberes institucionales por encima de sus convicciones personales. “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina”. La carta cierra con una exigencia urgente: el cumplimiento de las medidas positivas que establece la Carta Magna para un sector que “espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

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