El interés por la protección de los glaciares abarca todo el territorio nacional y no hay provincia que no se haya presentado para participar del debate. Buenos Aires lidera con más de diez mil inscriptos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con casi cinco mil y Córdoba con cerca de dos mil quinientos. En provincias donde el agua es un recurso crítico, como Mendoza, Río Negro y Neuquén, las inscripciones también se cuentan por miles, reflejando una preocupación profunda por el futuro de las cuencas hídricas. 

Desde la comunidad ambientalista advierten que delegar en las provincias la potestad de habilitar la minería sobre cuerpos de hielo es ilegal e inconstitucional. Los glaciares y el ambiente periglacial funcionan como reguladores naturales que garantizan la vida en las zonas bajas, actuando como reservas de agua dulce que sostienen el caudal de los ríos para el consumo humano y la agricultura. Por ello, se denuncia que cualquier retroceso vulneraría el principio de no regresión ambiental.

El cronograma actual marca que las audiencias se realizarían de forma mixta, combinando la presencialidad en el edificio anexo de la Cámara de Diputados con la modalidad virtual para las provincias. Mientras el oficialismo sugiere que los interesados dejen sus posturas por escrito para el archivo, los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas exigen una extensión de los tiempos de debate. Se estima que, tras el análisis de las exposiciones, la fecha definitiva para un dictamen podría ser el 7 de abril. 

Si bien por ahora solo se trata de ganar tiempo, el ambientalismo tiene un espejo donde mirarse en medio de un mar de derrotas. El colectivo de la discapacidad es un faro de resistencia. Detentan hoy una victoria legislativa estratégica que se destaca en un escenario de retrocesos, y se convirtieron en la primera línea de defensa que demuestra que el modelo actual se puede franquear cuando la organización es sólida y transversal. 

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