Mientras el PAMI acumula más de nueve meses de deuda con los hospitales porteños, el Gobierno de la Ciudad impulsó el juicio político contra la jueza que se negó a aplicar el nuevo régimen penal a un adolescente de 14 años y logró revocar el fallo. En un nuevo aniversario del hallazgo del cuerpo de Ezequiel Demonty, la palabra abandono vuelve a recorrer la Ciudad.

Pablo Castillo

El lunes 21 de septiembre, Leo Demonty volvió a la orilla del Riachuelo. La cita era en Agustín de Vedia y la avenida 27 de Febrero, el mismo lugar al que la familia regresa todos los años. Lo acompañaron amigos, conocidos y vecinos. Habían pasado veinticuatro años desde el hallazgo del cuerpo de Ezequiel. Frente al agua volvieron a pronunciar su nombre.

“No queremos más violencia institucional ejercida por fuerzas del Estado” había dicho Leo al convocar al homenaje.

Ezequiel tenía 19 años cuando nueve policías federales lo detuvieron junto con dos amigos. Los golpearon, los repartieron en tres patrulleros y los llevaron hasta la ribera. Allí les ordenaron que entraran al río. Ezequiel dijo que no sabía nadar. Sus amigos consiguieron llegar a la otra margen. Él no.

Aquella noche el Estado estuvo ahí, en los patrulleros que los llevaron hasta el río.

En la misma semana del homenaje, la expresión “abandono de persona” apareció en otro lugar de la Ciudad. La usó la Comisión de Salud de la Legislatura al aprobar un proyecto sobre la deuda del PAMI con los hospitales públicos porteños. El expediente 1937-D-2026, presentado por Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, denuncia que el organismo acumula más de nueve meses de mora por las prestaciones que reciben sus afiliados.

FACOEP, la empresa estatal encargada de facturar esos servicios, reclama una cuenta que el PAMI no paga. En una guardia nadie le pregunta a un jubilado qué jurisdicción debe cubrir su atención. La persona llega con fiebre, dolor o miedo. Detrás de esa consulta hay médicos, enfermeros, medicamentos, análisis, camas. El hospital atiende. La discusión sobre quién paga ocurre después, lejos de la guardia, aunque sus consecuencias vuelvan tarde o temprano sobre ella.

Ocaña conoce el organismo desde adentro: lo condujo entre 2004 y 2007. Al llevar la denuncia fuera del recinto, sostuvo que la deuda compromete el financiamiento del sistema y constituye un abandono hacia sus afiliados. El proyecto emplea términos todavía más contundentes: afirma que el incumplimiento configura “un grave abandono de persona hacia los adultos mayores afiliados al PAMI de la Ciudad de Buenos Aires”. La expresión ya no queda limitada al reclamo contra el Gobierno nacional. También obliga a la Ciudad a revisar a quiénes cuida y en qué momento decide intervenir.

Días antes del homenaje a Ezequiel, un hombre de 47 años caminaba por una calle porteña cerca de las seis de la mañana. Un grupo de adolescentes intentó robarle el teléfono. El hombre corrió hasta encontrar a un policía y pidió ayuda. No sufrió lesiones y el robo no llegó a consumarse. Cuatro jóvenes fueron detenidos. Uno tenía 14 años.

La causa quedó a cargo de Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas número 3. El nuevo Régimen Penal Juvenil acababa de entrar en vigencia y habilitaba la persecución penal desde los 14 años. La jueza declaró inaplicable esa disposición para el caso, sobreseyó al adolescente y dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La fiscalía apeló.

El desacuerdo podía continuar en la Cámara, como ocurre con cualquier sentencia recurrida. Jorge Macri decidió llevarlo además al terreno político. Calificó el fallo como una “locura”, dijo que estaba “manchado de sangre” y anunció que promovería el juicio político de la magistrada. Su ministro de Justicia, Gabino Tapia, presentó la denuncia. Patricia Bullrich acusó a los jueces garantistas de construir impunidad.

De Marinis respondió después de esas acusaciones. Contó que el adolescente estaba fuera de la escuela y tenía dificultades para alimentarse. El Estado, explicó, conoció esa situación cuando el chico ingresó al sistema penal. En una entrevista con Radio con Vos sostuvo que “someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir” y recordó que la fiscalía ya había apelado su decisión. También advirtió que amenazar a una jueza por los fundamentos de una sentencia “debilita las instituciones democráticas”.

En esos mismos días, la Corte Suprema anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que había beneficiado al Gobierno de la Ciudad en una causa iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El reclamo denunciaba la falta de escuelas primarias de jornada completa en los distritos 5, 19 y 21, que incluyen Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. El máximo tribunal cuestionó que los votos utilizados para formar la mayoría no compartieran fundamentos suficientes y ordenó dictar una nueva resolución. Mientras el Gobierno buscaba remover a una jueza por un fallo que no compartía, la Corte anulaba una decisión de la justicia local que había reducido sus obligaciones frente a la desigualdad educativa.

Nada de eso borra el intento de robo. El hombre que escapó y pidió ayuda tiene derecho a que el Estado responda y a que su miedo no sea utilizado como material de campaña. Lo que se discute es si la intervención debe limitarse al proceso penal o si también corresponde averiguar cómo llegó un chico de 14 años hasta esa madrugada, fuera de la escuela y con dificultades para alimentarse.

Jorge Macri trata de construir una identidad capaz de disputar con La Libertad Avanza en el terreno del orden y la seguridad. El caso le ofreció una escena conocida: un delito callejero, un adolescente, una jueza presentada como garantista y un jefe de gobierno que busca mostrarse firme.

El fallo dispuso que el Consejo de Derechos organizara medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo. La Ciudad cuenta con defensorías zonales, programas socioeducativos y equipos territoriales. Todavía no se sabe quién recibirá al adolescente, con qué frecuencia lo verá, si conseguirá una vacante escolar, cómo se trabajará con su familia ni durante cuánto tiempo se mantendrá la intervención.

El recorrido judicial es más fácil de reconocer. Tiene comisarías, fiscalías, juzgados, plazos escritos y funcionarios con responsabilidades definidas. El trabajo del sistema de protección transcurre de manera menos visible. Depende de equipos que lleguen al territorio y puedan sostener su presencia cuando el caso deja de ocupar los titulares. El juicio político se anunció en pocas horas. El acompañamiento recién empieza.

La reacción del gobierno porteño tampoco se explica solamente por el contenido del fallo. Jorge Macri busca construir una identidad capaz de disputar con La Libertad Avanza en el terreno del orden y la seguridad. El caso le ofreció una escena conocida: un delito callejero, un adolescente, una jueza presentada como garantista y un jefe de Gobierno que busca mostrarse firme.

En pocas horas, la discusión se alejó de las dos personas involucradas. Del hombre que sufrió el intento de robo casi no se habló. Del adolescente quedaron su edad, sus iniciales y algunas referencias sobre una vida que el Estado conoció a partir de la detención.

Días antes, junto al Riachuelo, Leo Demonty había definido el homenaje a su hermano como un ejercicio de “memoria y conciencia”. También habló de la represión a jubilados y de los operativos contra vendedores ambulantes. En esas escenas reconocía una manera de actuar sobre quienes quedan en los márgenes, considerados primero una molestia y luego un problema de seguridad.

Eso le ocurrió a Ezequiel. Los policías lo detuvieron por un robo que no había cometido. Una vez dentro del patrullero, dejaron de tratarlo como una persona bajo su custodia. Los responsables fueron juzgados y condenados. Años más tarde, la lucha de su familia, de organismos de derechos humanos y de estudiantes de la escuela a la que había asistido consiguió que el viejo Puente Alsina llevara oficialmente su nombre.

El puente está a pocas cuadras del lugar del homenaje. Los colectivos y los vecinos todavía dicen Puente Alsina; las placas dicen Ezequiel Demonty. En el barrio persiste el nombre de siempre. El de Ezequiel quedó inscripto sobre esa historia para recordar lo que ocurrió allí.

La deuda del PAMI, la situación del adolescente y el asesinato de Ezequiel tienen responsabilidades y consecuencias diferentes. La expresión “abandono de persona”, escrita por la propia Legislatura, terminó alcanzando a esas historias.

En los hospitales porteños la atención continúa mientras se reclama una deuda que lleva más de nueve meses. La demora obliga al sistema público de la Ciudad a sostener con sus recursos una atención que corresponde financiar al PAMI.

La situación del adolescente todavía está abierta. Sabemos que el Estado conoció sus dificultades cuando fue detenido. No sabemos si el sistema de protección conseguirá revincularlo con la escuela, acompañar a su familia y sostener una intervención en el tiempo. El fallo no garantiza que eso ocurra: ordena que alguien empiece a hacerlo.

En el caso de Ezequiel no hay una tarea pendiente que pueda reparar lo ocurrido. Estaba bajo custodia estatal, advirtió que no sabía nadar y los policías lo obligaron a entrar al Riachuelo. Su familia consiguió justicia y logró que el puente llevara su nombre. Desde entonces, familiares y amigos vuelven a la ribera para evitar que el crimen desaparezca de la memoria pública.

Ocaña y Ferrario hicieron bien en reclamar la deuda. El PAMI debe pagar por las prestaciones que reciben sus afiliados. Pero la gravedad del término elegido impide guardarlo después en una carpeta. Si hay abandono cuando el Estado nacional incumple su obligación de financiar la atención, también habrá que seguir qué hace la Ciudad con el adolescente derivado al sistema de protección.

Después que la Cámara revocó el fallo de De Marinis, los hospitales continúan atendiendo a los afiliados del PAMI. Sobre el adolescente se conocen las medidas generales ordenadas por la jueza, pero todavía no el modo en que serán aplicadas.

Después del homenaje, Leo Demonty y quienes lo acompañaron se alejaron de la ribera. El agua siguió corriendo junto al puente. En los días siguientes continuaron las declaraciones y las discusiones públicas. Los expedientes permanecen abiertos. El sentido de la palabra abandono dependerá de lo que las instituciones hagan después de las declaraciones.

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