En medio de pedidos de impugnaciones, la Cámara de Diputados realizó este jueves la segunda y última jornada de audiencia pública para debatir el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. La presencia pública fue virtual y física. Mientras ayer decenas de miles se manifestaron en la calle en cercanías del Congreso, hoy, el chat de Youtube oficial de la Cámara de Diputados explotaba de mensajes que pedían “no a la reforma de la ley” cuando los expositores de diferentes provincias advertían sobre los riesgos y se posicionaban en defensa del recurso hídrico. Según trascendió, el oficialismo busca tratar el proyecto en el recinto el próximo miércoles 8 de abril.

Aunque hubo voces en defensa del proyecto libertario, el 0,23% del total de los inscriptos que pudieron hacer uso de la palabra fueron representantes de distintas provincias, con un fuerte compromiso social y político que da cuenta de las redes que se tejen en cada región, incluso aquellas que no cuentan con glaciares pero que entienden la importancia de este recurso fundamental para la supervivencia humana. Durante todo el día se destacaron las voces de geólogos, científicos, glaicólogos, ingenieros hídricos, abogados ambientalistas de todo el territorio nacional. 

Entre los más críticos de la jornada, se encontró Francisco Pardo Lampreabe, abogado de la Red Universitaria por la Crisis Climática (UBA), quien calificó la audiencia como una «pantomima» y un «fraude» debido a la imposibilidad de que participen los más de 100.000 inscriptos. El eje central de su argumentación se basa en la inconstitucionalidad de la medida: citó el Artículo 41 de los Tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional que determina al ambiente sano como un derecho humano fundamental. En ese sentido, vaticinó que “la Corte Suprema tendrá que intervenir para declarar la inconstitucionalidad de esta norma”, y señaló además que se está violando flagrantemente el Acuerdo de Escazú tanto en la organización de la audiencia como en la sanción de la futura modificación. En ese sentido, envió un mensaje directo a los sectores económicos interesados en la flexibilización de la ley, advirtiendo a mineras y aseguradoras sobre la inseguridad jurídica que generará esta normativa: “Ahí vamos a estar nosotros para impugnar y combatir cuantos proyectos se lleven adelante para frenarlos. Vamos a presentar todas las acciones judiciales que sean necesarias. Van a gastar dinero en proyectos que no vamos a dejar que avancen”. 

En una línea similar, Verónica Azpirox Cleñan, en representación de la comunidad mapuche Epu Lafken, aportó una visión integral sobre el ecosistema hídrico y denunció la nulidad de lo actuado hasta el momento. “No se puede diseccionar un cuerpo humano que late sin afectar su integridad, como tampoco se puede intervenir un sistema hídrico sin comprometer su equilibrio. Los glaciares y los periglaciares no son entidades aisladas, conforman un mismo cuerpo, un sistema vital, interdependiente y dinámico. No es verdad que se puede dinamitar la zona periglacial sin afectar el glaciar. La media sanción en Senado es nula porque no se realizó la consulta libre, previa e informada”, dijo. La referente indígena cerró su discurso con la propuesta de un plebiscito que permita ampliar el debate público.