Mendoza: el agua que «alcanzaba y sobraba»
Una mina de cobre beneficiada por el RIGI ahora pide siete millones de litros por día en plena Cumbre de Minería de Minería Sostenible. Al descubierto una solicitud para perforar seis pozos de extracción de aguas subterráneas, como complemento de un arroyo que, según la compañía era más que suficiente.
- noviembre 18, 2026
- Lectura: 3 minutos
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Mendoza será sede, este 19 y 20 de noviembre, de la Cumbre de Minería Sostenible 2026. Empresas del sector, inversores y representantes políticos confluirán en la provincia en un encuentro que promete «mucho más que inversiones». El gobernador Alfredo Cornejo ya aseguró el apoyo nacional con la presencia del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, junto a los gobernadores de San Juan, Salta, Catamarca y, a último momento, Santa Fe. «La confluencia de personajes e inversores no es para nada casual», advierten las organizaciones que observan el proceso con escepticismo.
La pregunta que emerge es: ¿por qué un sector que disfruta de privilegios flagrantes necesita tanto respaldo del poder político? El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) garantiza a los proyectos, desde el tercer año, la libre disponibilidad de los fondos obtenidos, exenciones del 100%, blindaje frente a vicisitudes cambiarias, importaciones libres y exportaciones sin retenciones. «Al parecer, estas seguridades no resultan suficientes», señalan los críticos.
El objetivo: el cobre ¿para quién?
Un ejemplo “modelo” mendocino de esta propuesta es el proyecto San Jorge, PSJ Cobre Mendocino que promete extraer 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con oro como subproducto, generando 560 millones de dólares en exportaciones. ¿A qué proyecto productivo o de desarrollo nacional apunta esa extracción? Para quienes ven con preocupación y críticamente este proyecto, a ninguno: esos fondos son «de disponibilidad exclusiva de la empresa, con libertad de ser transferidos en su totalidad al exterior sin tributar nada en el país». La UIA, por su parte, había logrado en 2024 que al menos el 20% de los proveedores de los proyectos RIGI fueran locales; esta semana, un decreto presidencial lo borró de un plumazo.
El proyecto minero San Jorge, aprobado en 2025 tras intensas disputas, enfrenta una revelación que contradice lo sostenido durante años por la empresa y el gobierno provincial: la solicitud para perforar seis pozos de extracción de aguas subterráneas, como complemento de un arroyo que, según la compañía, «le alcanzaba y le sobraba».
Así lo denunció Marcelo Giraud, geógrafo y referente ambientalista con 18 años de monitoreo sobre el proyecto: «Decíamos: ‘No hay estudios serios, no lo va a alcanzar, necesita mucha más agua’. ¿Qué pidió ahora? Perforar seis pozos porque dice que el agua no le va a alcanzar». La empresa solicitó «seis pozos que provean 50.000 litros por hora cada uno», es decir, unos 7.000.000 de litros por día para cubrir, entre otros escenarios, «los inviernos de años más secos». «Ya con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y en busca de inversores —tienen el RIGI aprobado— ahora sí pueden salir a reconocer la verdad», explica Giraud, para quien los inversores, que deberán aportar unos 600 millones de dólares, «no son tampoco estúpidos» y no van «a apostar en falso».
La UIA había logrado en 2024 que al menos el 20% de los proveedores de los proyectos RIGI fueran locales; esta semana, un decreto presidencial lo borró de un plumazo.
Un dato casi inadvertido del expediente resulta esclarecedor: en estimaciones de calidad del agua del arroyo El Tigre, la empresa reconoció que «en el invierno y la primavera del año 2022 llegaron a estimar un caudal de apenas 37 litros por segundo», cuando «solamente el funcionamiento de la mina requiere 141, y a eso agregar el caudal ecológico». «Es un disparate», sintetiza Marcelo Giraud, quien recuerda además que la empresa dejó de monitorear el caudal en abril de 2010, tras haberlo medido únicamente en 2009, «un año bastante más húmedo que lo habitual».
Más producción, más colas, a espaldas de la gente
Otra modificación silenciosa: con la misma cantidad de agua, el proyecto pasará de procesar 27 o 28.000 toneladas diarias a 42.000. La consecuencia directa, según Giraud, es un mayor riesgo ambiental: «El depósito de colas, el más riesgoso de los pasivos ambientales, aumentaría más de un 50%. Esa parte no se la dijeron a la gente». Para el ambientalista, el trámite de una simple «actualización» de la DIA es ilegítimo: «Son modificaciones grandes al proyecto que hacen que sea un proyecto claramente distinto. Tendrían que haber presentado algo contundente, evaluado por los mismos organismos, con audiencia pública. Esto lo están haciendo completamente a espaldas de la gente».
A ello se suma el interrogante sobre la cuenca: si las napas tienen «esa posibilidad de casi seis millones de litros de caudal, evidentemente no es una cuenca cerrada, como dicen ellos. ¿Cómo afecta al Valle de Uspallata y al río Mendoza, que está cercano?», plantea Marcelo Giraud, y recuerda que informes científicos de la universidad y del CONICET ya habían advertido que el proyecto no era viable.
Los defensores del modelo suelen destacar que «la minería de San Juan exportó más que todos los productos de Mendoza juntos en los primeros nueve meses del año». Pero los datos socioeconómicos matizan el argumento. En el primer semestre de 2026, ambos aglomerados registraron prácticamente igual pobreza (36,9% en Gran Mendoza y 36,8% en Gran San Juan), superando en más de 4,5 puntos la media nacional (32,3%), aunque la indigencia fue mayor en Gran Mendoza (7,3% contra 1,6%).
El Gran San Juan sostiene una de las tasas de desocupación más bajas del país (3,2% en 2026), mientras Gran Mendoza mostró mayor volatilidad y superó el promedio nacional (8,1% contra 7,9% en el segundo trimestre). Sin embargo, según el informe regional del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), el bajo desempleo sanjuanino convive con una mayor proporción de empleo precario o microinformal (50,5% en San Juan frente a 43,8% en Mendoza hacia 2025) y una mayor dependencia del empleo público, lo que explica por qué el bajo desempleo no se traduce en menores niveles de pobreza.
Frente a versiones de que el conflicto judicial había concluido, Marcelo Giraud precisa que «los amparos y las acciones de inconstitucionalidad continúan su curso»: el juez de la Feria denegó las medidas cautelares, pero la jueza Jorgelina Iermoli Blanco sigue tomando declaraciones testimoniales. Su mensaje es directo: «La sociedad mendocina no se ha dado por vencida, va a seguir cuidando su agua, sus bienes comunes, y vamos a seguir dándole la batalla». En medio de la cumbre, la promesa de resistencia se hará sentir «en las calles, en las plazas, en las rutas».
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