El texto consensuado cristalizó una serie de concesiones sustanciales por parte del oficialismo, que debió incorporar reclamos históricos del colectivo y de los bloques aliados. Entre los puntos más destacados, se ratificó la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, y su coexistencia con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Asimismo, se blindó la continuidad del programa Incluir Salud y se fijaron plazos perentorios de 30 días para presentar un cronograma de regularización de pagos a prestadores y de 90 días para la cancelación total de las deudas acumuladas.

Otro de los frentes donde el cambio de estrategia gubernamental quedó expuesto fue en el debate sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que ahora contempla la restitución de la ley de tierras (26.737). En una votación ajustada que requirió la clave de las abstenciones del bloque cordobesista, la iniciativa fue aprobada y devuelta al Senado con 124 votos positivos, 119 negativos y 6 abstenciones.

El capítulo referido a tierras –que debió votarse de manera nominal y cosechó más de dos tercios en particular– implicó dar marcha atrás con los lineamientos originales promovidos por el ministro desregulador Federico Sturzenegger en el DNU 70/23. Aquella normativa inicial buscaba liberalizar por completo el mercado inmobiliario rural para extranjeros. Sin embargo, acorralado por los fallos recientes de la Corte Suprema, la presión social y la imposibilidad de sostener el número de votos en el Parlamento, el oficialismo debió convalidar la derogación del artículo 154 del decreto y restituir la plena vigencia de la norma sancionada en 2011, que fija un tope del 15% en la titularidad de tierras rurales para foráneos a nivel nacional, provincial y municipal.

El final de la madrugada también expuso la fragilidad numérica del oficialismo. Ante la certeza de que el dictamen de minoría impulsado por la oposición contaba con los votos necesarios para imponerse en el tramo sobre endeudamiento familiar y morosidad, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, solicitó una moción de orden para devolver el proyecto a comisiones.

La jugada prosperó por 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones, frustrando el tratamiento del tema y cerrando el telón a las 3:39 de la mañana. Desde la vereda enfrente, jefes parlamentarios como el peronista Germán Martínez calificaron la maniobra como “una huida” para evitar dejar al descubierto la falta de consensos, mientras que el lilista Maximiliano Ferraro tildó de “embusteros” a los operadores oficialistas por cajonear una herramienta de alivio para millones de argentinos sobreendeudados.

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