A pesar de que la fuerza relativa del oficialismo en Diputados mejoró con la elección intermedia del año anterior, también aumentó ahora el hartazgo de las bases –lo dicen las encuestas– que piden un cambio de rumbo. Ante el riesgo de que se produjera un rechazo al DNU/70 (faltaron solamente ocho votos para conformar el quórum de la sesión) el oficialismo modificó su táctica. 

El ministro del Interior Diego Santilli –antes avezado operador del PRO y hoy alfil del mileismo– consiguió trabar el tratamiento legislativo mediante la ausencia de diputados de las provincias que responden a gobernadores aliados, afines o dialoguistas. Llámele usted como quiera. Lo explica claramente el colega Mauricio Caminos cuando afirma que el gobierno ya no necesita de los votos en el Congreso porque le alcanza con las bancas vacías de los gobernadores. El oficialismo convocó –con su propia agenda– a una sesión en Diputados para la semana que se inicia.

Por fuera del recinto la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de una resolución firmada por el camarista Sergio Fernández, había hecho su aporte accediendo en 24 horas a la “queja” presentada por el Ministerio de Capital Humano para suspender la medida que multaba al Ejecutivo por incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva la cuestión de fondo… para lo cual, ciertamente, no hay plazos porque todo puede terminar en la Corte. 

La otra escena –pero que puede considerarse como parte de la misma estrategia oficial– es lo que ocurrió en la plaza frente al Congreso con el impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, policiales y de la Ciudad y la brutal represión que desataron. Es lo que podríamos denominar la “fase 2 del protocolo Bullrich”.

Profundicemos un poco el tema y tratemos de aclarar la mecánica.

Hasta ahora el argumento siempre fue impedir que los manifestantes interrumpieran el tránsito, aunque el resultado final haya sido que los propios policías y gendarmes fueran quienes realmente lo hicieran colocando vallas físicas y humanas. Esto ocurría incluso en movilizaciones con poca cantidad de asistentes y abusos frecuentes pero relativamente aislados de los represores, con el saldo de golpes y algunas detenciones. Sistemáticamente y a medida que la manifestación se diluía y el número de manifestantes se reducía aparecían revoltosos no identificados para causar destrozos de todo tipo que justificaban que la policía saliera de “caza” incluso por las calles aledañas. ¿El resultado? Dejar en claro que la decisión de reprimir se mantenía firme, golpes indiscriminados para quienes –aún no participando en la protesta– transitaban por la zona por razones diferentes, y algunas detenciones al azar de personas que luego la justicia dejaba en libertad por falta de mérito.

Si las marchas eran masivas, multitudinarias, no había represión y los uniformados se mantenían alertas pero lejos de los manifestantes. 

Esta metodología se modificó el jueves. El gobierno, a través del operativo diseñado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el gobierno de la Ciudad a cargo del “primo” Jorge Macri, decidieron pasar a “la fase 2” que consiste en reprimir –tirando con proyectiles varios, gases y utilizando carros hidrantes desde atrás de las vallas de contención– mucho antes de que las columnas movilizadas llegaran hasta el Congreso. El objetivo fue impedir que se percibiera la enorme dimensión de la protesta, algo a lo que también colaboró la falta de coordinación de la convocatoria hecha a diferentes horas por los colectivos de manifestantes. 

El gobierno no quería que se viera la multitud congregada. Una vez lanzada la represión –de la que fueron principal blanco los trabajadores de prensa– se abrieron las vallas para multiplicar las agresiones físicas y la cacería de detenidos.

¿Qué se pretendió? Quitarle visibilidad al hecho multitudinario de la protesta y que, en lugar de las imágenes que dieran cuenta de la magnitud de la concentración, los primeros planos televisivos estuvieran dedicados al accionar represivo que no escatimó balas, gases y despliegue de recursos. El mensaje que se envía es que no habrá límites para reprimir las manifestaciones del reclamo popular y, por supuesto, generar miedo a salir perjudicado entre aquellos que se atrevan a expresar su disconformidad o su protesta. 

Casi que se puede arriesgar que –junto con la permanente mentira en el discurso mediático– este será otro recurso de la campaña hacia la reelección de Milei. 

Le dejo aquí un tema para analizar y reflexionar, que también exigirá pensar las estrategias electorales de la oposición. El oficialismo prefiere dar su “batalla cultural” en las redes, pero le teme a la calle, al pueblo movilizado. 

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Mientras tanto se siguen multiplicando los hechos que hablan de la decisión manifiesta del gobierno de conceder a los privados todo lo que le demandan, el descuido de los bienes del Estado y las falsedades que se ponen en evidencia en el oportunismo soberanista respecto de Malvinas. 

Algunas menciones breves apenas sobre dos cuestiones.

Con la pretensión de impedir la continuidad y avance de la exploración y explotación petrolera en el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, el gobierno argentino recurrió formalmente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y presentó una medida cautelar que complementa el procedimiento arbitral (Anexo VII de la CONVEMAR) iniciado por el país el 28 de septiembre de 2026 contra el Reino Unido por el ejercicio unilateral de actividades extractivas en la plataforma continental disputada.

Simultáneamente, el jueves 15 de octubre, la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas llevó a cabo una votación sobre un proyecto de resolución enfocado en la lucha contra las formas contemporáneas de colonialismo. El texto original fue impulsado y patrocinado por Rusia y entre los antecedentes hace referencia a la resolución 1514, considerada el pilar jurídico del reclamo argentino por las Malvinas. 85 países votaron a favor de la resolución, entre ellos Brasil, Uruguay y México. Estados Unidos votó en contra junto con otros 48 países. ¿Cómo votó Argentina? Se abstuvo. Entonces ¿en qué quedamos?

Esta semana se concretó la privatización de AYSA (Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.). El 90% fue adjudicado por 340 millones de dólares a un consorcio integrado por PHX Aqua AR BV (un fondo de inversión neerlandés que aportó el 55%%), al que se suman Rowing S.A. (constructora argentina encabezada por el empresario Walter Román), Arcos Saneamiento (Brasil) y Transclor, una empresa química propiedad de Mauricio Filiberti, conocido como el “rey del cloro” y socio en Edenor. 

El proceso de privatización recibió cuestionamientos técnicos, económicos y legales vinculados, en principio, con la falta de un precio de base transparente y que los pliegos no incluyeran una tasación de referencia pública y oficial elaborada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. También se denunció que los nuevos dueños podrán percibir ingresos extraordinarios estimados en 93 millones de dólares anuales a partir de una rezonificación o cambio de categoría de los usuarios. ¿Qué significa esto? Adivine… aumentos de tarifas de los usuarios que afectarían hasta el 60% de los clientes actuales de AYSA.

A esto se agregó que Filiberti, el dueño de Transclor, ha sido desde 2009 el principal proveedor del cloro necesario para potabilizar el agua que procesa AYSA. Ahora quedó de los dos lados del mostrador (como dueño y como proveedor).

Hay una impugnación en curso, mediante un amparo judicial colectivo impulsado por la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Walter Martello, objetando la falta de transparencia en la información pública frente a los beneficios de los compradores. 

Nada de esto fue obstáculo. Privatización y… ring caja para Toto Caputo. Después, lo que ocurra con las tarifas… será “una cuestión entre privados” sobre la que el Estado libertario dirá que no tiene que opinar.

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Hasta aquí llegamos. En medio de noticias que no son ciertamente buenas, y mientras mantenemos un ojo atento a la evolución de la segunda vuelta electoral en Brasil que se llevará a cabo el próximo domingo y cuyo resultado también importa mucho para el futuro de nuestro país, considero que hay que rescatar la importancia de la voluntad de reclamo y movilización demostrada por la multitud congregada el jueves frente al Congreso. Al margen de la represión y el resultado final. El pueblo quiere expresarse y poner límites. Veremos cómo esta voluntad se canaliza políticamente. Esa es todavía una asignatura pendiente.

Hasta el domingo próximo, mate en mano.

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