Provenientes del norte argentino y coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, -lideresa aymara ejecutada por España en 1782-, un puñado de mujeres bajó de los cerros y recorrió a principios de septiembre dos mil kilómetros para hacer visible su voz: un grito ahogado que pide el freno ante tanto despojo. No fue la primera ni será la última vez que las Warmikuna del Kollasuyu, –en sintonía con otras comunidades originarias y en defensa de la Pachamama–, marchan para reclamar, en este caso al gobierno nacional, las consecuencias de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los territorios y la profundización del modelo extractivista. Denuncian, además, el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada y del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y la justicia ambiental.

El término “Warmi” proviene del quechua, significa mujer; y su plural es “Warmikuna”. Sin embargo ellas sostienen que el concepto las representa identitariamente más allá de ser indígenas jujeñas. Las Warmikuna se definen como colectivo; guardianas ancestrales de los saberes agrícolas, la conservación de semillas, la cría de animales y la vida en comunidad; miembros de las naciones preexistentes pertenecientes al Kollasuyu. Lideradas en la caminata por Florencia Solís, una de las máximas referentes que transitó gran parte del recorrido con una pechera en que se leía Fuera Mekorot, ocho originarias provenientes de los pueblos kolla, qom y diaguita atravesaron gran parte del país a pie y en micros. Solís pertenece a la Comunidad Aborigen de Puya Puya, pegada a la Laguna de Pozuelos, humedal protegido como Monumento Natural y sitio Ramsar, que es hoy, uno de los lugares más afectados por la contaminación que la mega minería deja a su paso. “La gente de la ciudad no suele saber bien lo que es la Pacha y está metida en el mundo de la tecnología. Piensa que no va a pasar nada pero nosotras notamos la realidad. Estamos comprometidas en seguir visibilizando esta lucha; la causa es de todos, no solo de los campesinos, originarios, aborígenes. El planeta está tambaleando” señala Solís. La Warmi sabe de qué habla: en Jujuy existen más de 175 nuevos proyectos mineros que amenazan sus territorios ancestrales. Laguna de Pozuelos, otrora reservorio eco-sistémico, está prácticamente seca por la actividad del proyecto Chinchillas, una verdadera postal de la devastación. 

Las comunidades, además, son víctimas sistemáticas del desalojo de los espacios que, desde hace décadas habitan, y solo una pequeña parte de las trescientas existentes, cuenta con los títulos de propiedad comunitaria. Las Warmikuna, herederas de un matriarcado que trabaja la tierra y la defiende como a la propia madre, denuncian que explotaciones mineras como Pan de Azúcar, Pirquitas, Chinchillas y el avance en la explotación de litio y minerales en la Puna, solo trae muerte y contaminación. “Nos mataría todo, animales y humanos”, subrayan. Florencia y su familia viven del pastoreo y la producción de ganado lanar, es su fuente de trabajo, su subsistencia. Pero hoy, cuenta Solís con pesar, todo ha cambiado: desde la aparición de un pasto extraño y tóxico, que ni las ovejas y llamas consumen hasta la falta de los tradicionales yuyos naturales, usados para fines medicinales. Gran parte de la variedad de fauna que, históricamente, habitó territorio indígena y campesino, ya no frecuenta la aridez del paisaje. Y enumera la lista de los animales cercanos a la extinción, acorralados por el cambio climático y la expansión de la minería a cielo abierto, aquella que consiste en la voladura de las montañas para posibilitar la extracción de los minerales de sus rocas: “Las luciérnagas, vizcachas, zorros, las liebres, vicuñas, avestruces y ñandúes; ya casi no hay, hay muy pocos”-. 

Jujuy, laboratorio punitivo y represivo

El paso de las Warmis por el centro del poder en Buenos Aires, CABA, se dio en un contexto de mayor recrudecimiento de la crisis ambiental no solo en territorio jujeño sino en cada rincón afectado por los extractivismos. Pero Jujuy, fue, en los últimos tiempos, laboratorio de prueba de la escalada represiva contra quienes osaran defender los derechos más básicos, consolidándose posteriormente a nivel nacional una feroz respuesta represiva a las masivas manifestaciones que colmaron el Congreso, para oponerse, entre otras, a la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.