¿Promesas de previsibilidad o un recorte encubierto de derechos? Mientras la inflación sigue devorando los aranceles de las prestaciones y no se dan nuevas altas de pensiones, el sector de discapacidad advierte sobre las regresiones del nuevo proyecto oficialista y convoca a una gran marcha al Congreso.

Manuel Barrientos

El Foro Permanente por la Discapacidad y el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad bonaerense expresaron su preocupación ante el dictamen del oficialismo que busca impedir la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. Pese a las promesas de previsibilidad, advierten el grave retroceso frente a la inflación –por los aranceles desfasados– y exigen prorrogar la emergencia hasta fines de 2027 y blindar el nomenclador de prestaciones de la ley 24.901. También ratificaron que se movilizarán al Congreso para exigir modificaciones urgentes antes del debate.

Bajo la premisa de que el texto final de la ley debe reflejar de manera precisa las promesas del gobierno, el Foro Permanente por la Discapacidad emitió un comunicado en el que analiza el dictamen de mayoría presentado por el oficialismo. Allí señalan que, si bien la iniciativa oficialista promete un marco permanente, “fechas ciertas” de pago, previsibilidad para los prestadores y un mandato de “no regresividad”, advierten que para cumplir con esos objetivos es indispensable incorporar modificaciones concretas antes de su votación en el recinto.

Desde el Foro enfatizaron la necesidad de garantizar derechos fundamentales. Entre los puntos prioritarios presentados en su hoja de ruta destacan que la ley de emergencia 27.793 no sea derogada antes de tiempo ni en su totalidad y piden que se garantice que la cobertura de salud tenga como piso legal las prestaciones de la ley 24.901 y fijar un piso para los valores a partir de 2025. Además exigieron plazos ciertos de pago de las prestaciones, que el cobro de compensaciones no implique renunciar a reclamos y que los requisitos de las pensiones se fijen por ley y no por reglamentación.

El Foro Permanente por la Discapacidad ratificó que se movilizará masivamente a las puertas del Congreso de la Nación el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto en el recinto para hacer oír su reclamo.

Según el Foro, la urgencia del reclamo se sustenta en un fuerte deterioro económico: entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras el IPC acumuló un 320,0 %, los aranceles de hogares, rehabilitación y transporte solo aumentaron un 233,8 %, y los de centros de día, los centros educativos terapéuticos, la escolaridad y los apoyos apenas tuvieron ajustes de un 219,8 %. Esta brecha, generada desde 2024, la absorben hoy las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales del sector.

Ante este panorama, el Foro ratificó que se movilizará masivamente a las puertas del Congreso de la Nación el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto en el recinto para hacer oír su reclamo.

Por su parte, el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (COPRODIS) se vio obligado a realizar una asamblea extraordinaria para analizar el escenario legislativo relacionado con la emergencia nacional en discapacidad y el nuevo proyecto de ley en debate. En la reunión participó como invitado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación.

Marino sostuvo que no se ha escuchado a las personas con discapacidad pese a que es un requisito legal realizar la consulta directa al colectivo de las personas con discapacidad y, por tanto, eso acarrea la inconstitucionalidad del dictamen de mayoría. También señaló que el proyecto es regresivo e intenta frenar la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. El diputado también recordó que el proyecto de ley de Presupuesto 2027 también ha intentado eliminar específicamente artículos de la ley de emergencia en Discapacidad y avanza en un recorte en los derechos para las personas con discapacidad.

Ante este panorama, el COPRODIS resolvió ratificar la necesidad de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad declarada por la ley 27.793. También les solicitó a las diputadas y los diputados que acompañen la prórroga y que no respalden una sustitución normativa que extinga obligaciones pendientes, restrinja derechos ya reconocidos y debilite la cobertura de salud y las prestaciones previstas por la ley 24.901. “Una norma permanente no debe aprobarse a costa de cerrar anticipadamente la emergencia, reducir derechos o dejar sin respuesta obligaciones incumplidas”, señalaron.

En esa línea, reclamaron que se mantengan las pensiones vigentes, la compatibilidad entre pensión y trabajo registrado, la cobertura de salud y el piso de prestaciones de la ley 24.901; el financiamiento de los talleres protegidos; y la actualización de aranceles y el pago integral de las compensaciones adeudadas. También exigieron la “consulta estrecha y la participación activa” de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan”.

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