Un forcejeo en el patio durante el recreo, la sustracción de un teléfono celular en un aula o un cruce verbal que escala a amenazas entre compañeros. Hasta hace apenas unos días, estos episodios integraban la compleja trama de la convivencia escolar. Se abordaban con actas, llamados a las familias, sanciones pedagógicas y, en el mejor de los casos, espacios de diálogo coordinados por docentes y gabinetes técnicos. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, ese escenario corre el riesgo de fracturarse de manera irreversible.

Al establecer la imputabilidad penal desde los 14 años y, centralmente, habilitar su persecución sobre cualquier hecho tipificado en el Código Penal, la norma traslada una presión inédita al ámbito escolar: la obligación legal de denunciar penalmente conductas que antes encontraban respuesta institucional dentro del establecimiento. De la noche a la mañana, directores y maestros corren el peligro de convertirse en el primer eslabón de una maquinaria judicial que criminaliza a adolescentes por conflictos propios de su etapa evolutiva.

El problema radica en una confusión conceptual grave: denunciar un hecho para activar mecanismos de protección no puede equipararse a judicializar la convivencia escolar. La escuela secundaria es el espacio donde los adolescentes pasan gran parte de su tiempo; allí se construyen vínculos, pero también se manifiestan tensiones y vulnerabilidades que ninguna otra institución estatal detecta con tanta precocidad. Despojar a la escuela de su capacidad pedagógica para derivar automáticamente cada conflicto a una fiscalía penal juvenil no solo vacía de sentido la autoridad docente, sino que anticipa un previsible colapso de los juzgados con causas que carecen de relevancia penal real.