Según el intendente de Chacabuco eso golpea de lleno a las arcas comunitarias. “Recibimos planteos, reclamos y presentaciones de vecinos, familias y empresas que están en graves dificultades económicas y que tienen que tomar decisiones de achicarse, de cerrar, de reducir y eso lógicamente afecta sobre los ingresos de nuestros municipios”, dice. 

Ante este panorama, el municipio brinda asesoramiento para acompañar en este momento de dificultades a todos los privados en las tomas de decisiones. Pero al analizar la dimensión política del conflicto, Golía advierte que la crisis crediticia está alimentando un profundo malestar social que apunta contra el oficialismo, pero que también salpica a la representación política en general. “El que pasa por una situación de endeudamiento entra en un descrédito y muchas veces se la termina agarrando con el gobierno, que es el responsable, pero también con toda la clase política”, advierte. En esa línea, considera que el gobierno de Milei está generando una decepción en el conjunto de la sociedad. “Lo votaron con la esperanza de que el ajuste lo iba a pagar la casta y hoy ni se dolarizó ni el ajuste lo pagó la casta, lo están pagando los que menos tienen”, agrega. También traza un paralelismo directo con el colapso de la convertibilidad: “Vi algo similar allá por el 2001, cuando era concejal. En ese momento había campos hipotecados, maquinarias prendadas, la gente no podía cumplir sus obligaciones y mucha gente quedó en situación de depresión y no volvió a ser la misma”. 

El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, había sido uno de los primeros en salir a oponerse a los planteos presidenciales. Señaló que de los más de 20 millones de argentinos están endeudados; uno de cada cuatro está en mora y que piden préstamos “para comer, pagar el alquiler o comprar remedios”. También sostuvo que “no es irresponsabilidad individual: es el resultado de salarios que no alcanzan”. Ante la consulta de 4Palabras, explica que la oposición articula medidas y que ya hay más de 30 proyectos que buscan confluir en una propuesta única entre los distintos bloques. Para el 9 de septiembre convocaron a una sesión en Diputados para tratar las iniciativas sobre el tema.

Desde el ámbito de la defensa del consumidor, Martín Prat, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Chascomús detalla cómo mutó el flujo de reclamos en los despachos oficiales a partir del cambio normativo y asegura que desde 2024 en adelante, la mayoría de los reclamos van en esa dirección. El 45% de las denuncias que reciben corresponden a sobreendeudamiento con bancos y financieras, un fenómeno impulsado por familias que sacan préstamos para cubrir gastos cotidianos o saldar deudas previas.

Si bien entidades como el Banco Provincia comenzaron a bajar sus tasas al 30% y negociar caso por caso, las facilidades que exige el sistema bancario expulsan a los sectores más vulnerables. El foco más crítico se trasladó a las casas de crédito informal a “sola firma”. Prat alerta sobre la presencia de usura con costos financieros totales desorbitantes: “El porcentaje del CFT de estas casas de préstamos depende del contrato, pero se acerca al 300% o 400%”. 

Los principales damnificados son jubilados y empleados municipales. Para evitar el débito automático directo de sus haberes, muchos recurren a retirar el sueldo antes de que la financiera ejecute el cobro: “Sacan la plata antes, la deuda queda y cuando la persona se descuida le debitan dos o tres cuotas juntas”, graficó el funcionario. Ante esta situación, desde la OMIC de Chascomús trabajan en instancias de conciliación para frenar los cobros abusivos y transparentar los costos reales, intentando poner un freno a una cadena que ya afecta de lleno a la cobertura de servicios básicos.

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