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El presente como destino: cuando el individualismo obtuso se naturaliza como normal
Las políticas de desguace estatal no son una transición temporal hacia un futuro mejor, sino la consolidación de una sociedad de unos pocos privilegiados a costa de las grandes mayorías. Frente al avance de un modelo que mercantiliza la vida y reduce los derechos a quimeras, recuperar el bien común, la solidaridad y la centralidad de lo público se vuelve una urgencia democrática imperiosa.
- noviembre 14, 2026
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En el medio del caos lo común se muestra como revelador, cuando las fronteras de lo decible habilita en el espacio público discursos que atentan contra los consensos más básicos, unas palabras centradas en el bien común y en los valores democráticos más elementales toman una potencia impensada un tiempo atrás. La defensa de los derechos de todos los ciudadanos vuelve a mostrar su lado más humano, ese lado en el cual los derechos se relacionan con proteger a los más vulnerables y a potenciar a toda una sociedad en busca de la convivencia y el fortalecimiento de los lazos sociales. Pero si esto sucede, si ese mensaje se muestra como revolucionario, es porque nos encontramos en el mismo lodo todos revolcados o al menos a eso nos quieren llevar. Ante la creciente fragmentación social, los intentos de debilitar los lazos sociales y la imposición de una lógica centrada en el individualismo más obtuso, recuperar la centralidad de lo público no representa una mera abstracción retórica, sino la necesidad colectiva de revalorizar los cimientos de la solidaridad frente a la desprotección y de los valores democráticos frente a los autoritarismos.
La tan mencionada batalla cultural que busca establecer nuevos sentidos comunes, o mejor dicho un sentido común único e inalterable, tiene también como objetivo definir qué es lo real y que no. De esta manera, intenta establecer cómo hay que vivir y por qué cualquier cuestionamiento a ese orden supuestamente inmaculado es una aberración de gente aberrante. Esta disputa simbólica por las representaciones sociales busca implantar un disciplinamiento generalizado donde el egoísmo competitivo se naturalice como norma indiscutible y la búsqueda de justicia distributiva sea estigmatizada como una falla moral.
De esta manera, una de las formas comunes de buscar imponer un nuevo orden social, es a través de modelos económicos que lejos de ser simplemente un conjunto de medidas y decisiones respecto sobre la dirección y la conducción económica de un país, tiene como trasfondo trastocar las relaciones sociales de una sociedad entera. Hoy en nuestro país las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional tienen ese objetivo: transformar la sociedad, dejar los cimientos para una sociedad de unos pocos privilegiados a costa de la exclusión y el padecimiento de las grandes mayorías. Se pretende desmantelar las funciones del Estado para entregar cada aspecto de la vida colectiva al arbitrio del mercado y del gran capital.
Acá ya encontramos una de las primeras cuestiones centrales sobre las que vale la pena profundizar la reflexión: no estamos frente a un sacrificio en pos de un futuro mejor, una de las características que el modelo libertario tiene es no considerar el presente. Esto quiere decir que el presente no es un tránsito histórico temporal hacia una nueva realidad donde todos vivamos mejor, el presente de sufrimiento, de abandono a los más necesitados, de ataques a las discrepancias y la libertad de prensa, del desmejoramiento de la calidad de vida y del cinismo y la burla para aquellos que tienen dificultades, es una muestra de la sociedad a la que nos quieren llevar, no una situación momentánea o de transición. La crueldad social cotidiana se convierte en el mecanismo central de control y castigo.
El modelo neoliberal apunta hacia esa dirección, busca transformar la sociedad, mercantilizar las relaciones sociales y tiene, entre varias de sus características, la ahistoricidad. Eso implica que, en función de los supuestos que el neoliberalismo propone, su implementación no se condiciona con ni con las características del lugar, con la histórica de país ni con nada que no tenga que ver con estrictas y poco fiables supuestas leyes irrefutables. Se borra así la memoria histórica de las luchas populares, imponiendo un dogma abstracto que niega el valor de las conquistas sociales.
Estamos en tiempos en donde las instituciones democráticas tienen que resistir la conducción de actores no democráticos. La democracia reducida a un mero ritual electoral se vacía de sentido si no garantiza la igualdad real de sus ciudadanos.
En la década del noventa se publicó “Los tres mundos del capitalismo de bienestar” del sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, en donde nos presenta el concepto de mercantilización y desmercantilización para considerar cuál es la relación que los individuos tienen de dependencia con el mercado y el Estado. De este modo, los individuos pueden quedar en situación de completa dependencia con el mercado para obtener los bienes básicos que permitan los mínimos niveles de vida digna. Llegar a ese extremo es un ejercicio teórico que el autor nos propone, más pensado como un tipo ideal weberiano que como una realidad posible. Despojar a la población de toda protección estatal transforma la subsistencia en una lucha desigual. Sin embargo, las ideas impulsadas por el gobierno nacional quien llevar ese ejercicio intelectual a un horizonte de lo posible. De este modo, podemos encontrar en este punto dos supuestas vertientes teóricas discursivas de este modelo. En primer lugar, la corriente liberal libertaria que tiene como expresión más concreta en el día a día con el minarquismo -la idea de un Estado llevado a la mínima expresión posible- en tanto que la llegada del anarco capitalismo se demoraría algún tiempo más. Esa es la corriente más explícita que es encabezada por el propio presidente Milei, en donde se asume que una persona tiene la libertad de morirse de hambre, vender un órgano para poder comer o vender un bebe. Esta perspectiva dogmática convierte la noción de libertad en una quimera donde la vida humana se reduce a pura mercancía.
En segundo lugar, aparecen las ideas asociadas al neoliberalismo tradicional que, como ya mencionamos, detrás de ser un supuesto modelo económico busca modificar las estructuras de la sociedad y mercantilizar las relaciones sociales. Esa segunda vertiente se muestra menos virulenta y con una apariencia que da lugar a un menor nivel de violencia discursiva. Es en este lugar donde podemos encontrar al inefable Federico Sturzzeneger.
A través del desmantelamiento administrativo y la desregulación convertida en destrucción, esta vertiente tecnocrática concreta la desposesión y el desamparo bajo un ropaje de neutralidad técnica. Ahora bien, sea una vertiente o sea la otra, el fin es el mismo, el bien común es el enemigo y la democracia un obstáculo. Estamos en tiempos en donde, ante estas ideas, las instituciones democráticas tienen que resistir la conducción de actores no democráticos. La democracia reducida a un mero ritual electoral se vacía de sentido si no garantiza la igualdad real de sus ciudadanos. Cuando el poder financiero pretende someter la política, la soberanía popular se vuelve una meta que requiere ser defendida activamente por el conjunto de la sociedad.
Los derechos no son privilegios ni concesiones sujetas a las fluctuaciones del mercado o a la voluntad de los gobiernos, sino garantías fundamentales para el ejercicio de una vida digna.
Es en este contexto donde la reivindicación del bien común, la responsabilidad indelegable del Estado respecto de la protección de los sectores más vulnerables y la afirmación del carácter inalienable de los derechos sociales se convierten en prioridades insustituibles. Defender la educación y la salud pública, garantizar condiciones de vida dignas y reivindicar el valor social del trabajo implica, necesariamente, oponerse a la mercantilización creciente de la vida cotidiana y a la pretensión de subordinar todas las dimensiones de la existencia humana a las lógicas de rentabilidad y competencia.
Frente al avance de un mercado que busca imponerse como principio ordenador de la vida social, y ante la progresiva desarticulación de los vínculos de solidaridad y lo comunitario, la resistencia democrática no puede limitarse a la defensa de las conquistas alcanzadas: exige también fortalecer los lazos colectivos, recuperar el sentido de fraternidad y fortalecer aquellos espacios de encuentro que hacen posible una sociedad más justa e igualitaria. Supone, en definitiva, reafirmar con convicción que los derechos no son privilegios ni concesiones sujetas a las fluctuaciones del mercado o a la voluntad de los gobiernos, sino garantías fundamentales para el ejercicio de una vida digna. Porque allí donde existe una necesidad humana nace, imperativamente, un derecho inalienable que la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad de reconocer, proteger y garantizar.
*Leonardo Kordon es docente e investigador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). También dirige la Diplomatura Ciudadanías Digitales con enfoque en Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue.
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