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Organizaciones civiles y ambientales cuestionan el rol del FMI en la crisis argentina

Organizaciones civiles y ambientales cuestionan el rol del FMI en la crisis argentina

Un informe expone la fragilidad del acuerdo con el FMI: un superávit atado al recorte social, la fuga de divisas que devora los récords comerciales y una apuesta extractivista vía RIGI que compromete las metas ambientales sin generar empleo masivo.

Redacción 4Palabras

Un nuevo estudio elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a organizaciones civiles –Recourse, ETFE, Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights– cuestiona el desempeño y la supervisión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. El documento, titulado “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: Lo que no se dice de la crisis argentina”, señala que el organismo aprueba los préstamos extraordinarios al país basándose en análisis poco sólidos, con diagnósticos que ya fracasaron en los acuerdos de 2018 y 2022.

El informe indica que -a pesar de la coyuntura comercial favorable- “el récord comercial no se traduce en reservas” y que el deterioro del empleo y los ingresos empuja a los hogares al endeudamiento. También sostiene que “el ancla fiscal descansa en recortes, no en una recaudación sólida”, que el RIGI “consolida un perfil extractivo que contradice los compromisos climáticos y traslada costos a los territorios” y que el presupuesto 2027 “profundiza el desfinanciamiento ambiental y reduce la transparencia”.

Según las organizaciones, los dólares ingresados no logran consolidar las arcas del Banco Central. “Entre enero y julio de 2026, la balanza de bienes registró un superávit de US$ 20.073 millones, pero las divisas continúan canalizándose hacia el pago de intereses, turismo, utilidades y la formación de activos externos”, explican.

El documento remarca que «sin los préstamos del Fondo no habría acumulación neta de reservas», al tiempo que advierte que la fuga de divisas desde abril de 2025 «triplicó los desembolsos del FMI”. En este marco, un shock de precios o una sequía como la de 2023 “podría desatar una crisis de la balanza de pagos», sostienen desde FARN.

La dinámica de la actividad económica muestra una fuerte heterogeneidad: mientras los sectores extractivos crecen, la industria, la construcción y el comercio sufren un retroceso continuo. Esto se traduce en un enfriamiento del mercado de trabajo, donde el desempleo subió al 7,9% y la informalidad alcanzó el 45%.

El informe de la FARN dedica un apartado central al RIGI, al que acusa de consolidar un perfil extractivista que atenta contra las metas climáticas asumidas ante el Acuerdo de París. “El 99% de los US$138.000 millones comprometidos va a hidrocarburos y minería, con apenas 14.240 empleos directos”. aseguran.

En términos de ingresos, el informe subraya que “el salario mínimo perdió 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre del 2023 y la pobreza volvió a aumentar hasta el 32,3%”. Ante la caída del poder de compra, la insuficiencia de ingresos empuja a las familias a financiarse con crédito: “La mora de las familias en los bancos se duplicó en diez meses y supera el 26% en proveedores no bancarios con tasas de hasta 144% anual”.

En el plano de las cuentas públicas, remarcan que el superávit anunciado se apoya sobre el achicamiento del gasto estatal y no sobre una estructura tributaria sólida. En 2026, los ingresos cayeron un 2,5% real debido a las rebajas en retenciones y tributos al comercio exterior.

El equilibrio financiero se sostiene con “recortes en obra pública, programas sociales, jubilaciones, salud y ambiente”, mientras que los servicios de la deuda pasaron del 9,1% al 12,3% del presupuesto ejecutado. Esta reorientación de recursos desplaza prioridades esenciales de la gestión pública para dar cumplimiento a los compromisos financieros.

El análisis dedica un apartado central al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que acusa de consolidar un perfil extractivista que atenta contra las metas climáticas asumidas ante el Acuerdo de París.

Según el reporte, “el 99% de los US$138.000 millones comprometidos va a hidrocarburos y minería, con apenas 14.240 empleos directos”. A esto se suman “treinta años de estabilidad y arbitraje internacional que convierten cualquier cambio de política en una contingencia fiscal”. Las consecuencias territoriales de esta expansión se multiplican en zonas sensibles como Neuquén, el Golfo San Matías y el Salar del Hombre Muerto.

El panorama se agrava con las proyecciones del Presupuesto 2027, que profundiza la desinversión en el área ambiental: “La Subsecretaría de Ambiente quedaría 84,3% por debajo de 2023 y el Fondo de Bosques Nativos recibiría 25 veces menos de lo que fija la Ley 26.331”. A su vez, la eliminación de fondos fiduciarios impuesta dentro del acuerdo “dificulta rastrear sus recursos, y el proyecto no estima cuánto dejará de recaudar el Estado por el RIGI”.

Por último, cuestionan la flexibilidad con la que el organismo internacional evalúa el desempeño de la economía argentina. El informe advierte que «el FMI vuelve a dar por cumplidos los criterios de acceso excepcional sobre bases frágiles«, al considerar la deuda como sostenible pero sin una alta probabilidad de cumplimiento. Se trata del «mismo diagnóstico que precedió a los programas de 2018 y 2022», donde el escenario proyectado depende de variables que un shock externo podría desarticular en forma simultánea. Por tanto, alertan que el plan de contingencia previsto ante eventuales desvíos contempla mayores dosis de ajuste, lo que «agravaría el reform fatigue que el propio Fondo identifica como riesgo».

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