En el periodo estudiado, las muertes provocadas por el uso de la fuerza letal alcanzaron las 141 víctimas, marcando el registro más alto de la última década. La CPM analizó los expedientes de estos hechos y detectó una desproporción directa: los efectivos policiales declararon haber disparado en 195 oportunidades contra 12 disparos atribuidos a los agresores, sin que ningún agente resultara herido. De los 116 impactos dirigidos a las víctimas, la mayoría ingresó por la espalda mientras las personas huían. Otros 79 proyectiles errantes pusieron en riesgo a terceros, ocasionando trágicos desenlaces como el homicidio del niño Tiago Correa, de 7 años, en La Matanza. Adicionalmente, se registraron 18 muertes en la vía pública durante intervenciones policiales ante crisis psicomotrices o de consumo problemático, ante la ausencia de abordaje por parte de las agencias de salud. 

“La gran mayoría de las aprehensiones policiales son estrategias de control poblacional. Se sostienen sobre lo que siempre mencionamos: una cadena punitiva conformada por la policía, la justicia penal y el servicio penitenciario. Las patrullas o policías municipales actúan fuera del marco legal para expulsar a los más pobres que irrumpen en el centro de las ciudades”, señaló Cipriano García.

El documento dedica un apartado central al rol del Poder Judicial como engranaje clave en la consolidación del encierro masivo y la impunidad de los abusos estatales. Según el relevamiento, nueve de cada diez detenciones ocurren sin orden previa de un juez competente y son convalidadas de forma automática por las fiscalías. A esto se suma el uso indiscriminado de la prisión preventiva, aplicada en el 47% de los casos generales, pero con un sesgo marcadamente desproporcionado sobre la población femenina (56%) y las personas trans (53%). 

El 90% de las condenas se dictan mediante juicios abreviados, definidos por la institución como “acuerdos extorsivos entre fiscales y defensores que vulneran el debido proceso a cambio de penas rápidas”. La impunidad se consolida desde la propia investigación penal, ya que el Ministerio Público Fiscal archiva o desestima sin investigar nueve de cada diez denuncias por violencia policial o penitenciaria. 

El Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que en este contexto “no puede ser que el pueblo se encuentre en un estado de indefensión total, porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles, si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de serlo”. Pérez Esquivel agregó: “Como decía Eduardo Galeano, esto más que democracia son ‘democraduras’. Los diputados y diputadas que bajan la edad de punibilidad de los chicos, ¿qué quieren conseguir con eso? Mayor control social, pero no una solución del problema. A los chicos hay que darles educación, un espacio para que puedan vivir, una esperanza de vida que hoy no tienen”. 

El titular de la CPM señaló que este informe “tiene que servir para despertar conciencias y valores. Hemos visto cómo avanza la mano dura, la represión en el Congreso, si perdemos los valores humanitarios en esta sociedad, nunca vamos a poder construir una democracia”. 

Por su parte, la directora general de áreas de la Comisión, Sandra Raggio, destacó el valor de mantener el monitoreo independiente frente a los retrocesos institucionales: “Han venido a la presentación de un informe que en general no da buenas noticias, pero sí hay una buena noticia: que seguimos persistiendo pensando que los derechos humanos son el eje vertebral de la democracia. Hoy eso está discutido en nuestro país mediante un ataque permanente, pero se trata de vidas que nos importan y por eso seguiremos aquí”.

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